En esta noticia
Mientras la Corte Suprema de Justicia sigue repleta de causas por rectificación de haberes iniciadas por el propio Estado nacional, hoy se conoció que el Gobierno de Javier Milei dispuso una fuerte readecuación presupuestaria en la ANSES que incidirá directamente en ese campo.
La problemática de los juicios por haberes no es nueva. A decir verdad, se arrastra hace décadas y los gobiernos de diverso signo político han empleado la misma táctica dilatoria: empujar al jubilado a un conflicto judicial que insume una importante cantidad años. Muchas veces, la muerte del demandante llega antes que la sentencia del máximo tribunal argentino.
De hecho, las últimas estadísticas publicadas por la Corte Suprema de Justicia apuntan en ese sentido. En números, el 71,56% de los expedientes ingresados fueron a la Secretaría Previsional y la ANSES aparece en el 93% de los organismos públicos presentantes.
Fue a través del Boletín Oficial publicado hoy que se comunicó la ampliación de fondos para cancelar juicios previsionales y una millonaria partida destinada a financiar retiros voluntarios del personal del organismo.
Según la disposición se incrementó en $500.000 millones el límite para atender sentencias de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa. El nuevo tope para afrontar deudas previsionales acumuladas y retroactivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijado en $712.288.000.000.
La modificación presupuestaria convirtió a la ANSES en el principal foco de movimientos de partidas dentro de la reorganización dispuesta por el Ejecutivo.
La decisión fue oficializada mediante una extensa planilla anexa de más de 500 páginas donde se redistribuyen recursos entre distintas áreas del Estado nacional.
En términos políticos, el movimiento implica un reconocimiento implícito de la magnitud que alcanzó el stock de litigios previsionales acumulados durante años.
El Gobierno decidió reforzar la caja destinada al pago de sentencias en medio de un escenario de fuerte ajuste fiscal y recorte del gasto público en otras dependencias estatales.
La ampliación también aparece en un contexto particularmente sensible para el sistema jubilatorio.
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, distintos sectores de jubilados impulsaron nuevas demandas vinculadas a la pérdida de poder adquisitivo de los haberes y a la modificación de la fórmula de movilidad.
En paralelo, especialistas en derecho previsional vienen advirtiendo sobre el crecimiento sostenido de expedientes vinculados a actualizaciones, recomposición de haberes y ejecución de sentencias firmes que aún permanecen impagas.
Otro dato relevante es que la reasignación presupuestaria se produce mientras continúan las demoras estructurales en la resolución judicial de las causas previsionales.
El fuero de la Seguridad Social arrastra desde hace años problemas de saturación y falta de personal, lo que convierte a estos expedientes en procesos que pueden extenderse durante más de una década.
Incluso dentro de la propia modificación presupuestaria también aparecen movimientos de fondos vinculados al Poder Judicial. Entre ellos, se destacan partidas destinadas a gastos de personal y funcionamiento de distintas dependencias judiciales.
Plan de retiros voluntarios en ANSES
En paralelo, la readecuación presupuestaria contempló un aumento de los gastos de personal de la ANSES para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado a trabajadores del organismo.
De acuerdo con el anexo de gastos de la medida oficial, el Tesoro Nacional reforzó en $162.000 millones las partidas asignadas al área de personal de la ANSES.
Como contrapartida, el organismo previsional registró un recorte de $11.020 millones en la partida correspondiente a “Complementos a las Prestaciones Previsionales”.
La decisión se enmarca en el proceso de reducción de estructuras y achicamiento del empleo público impulsado por la administración libertaria desde diciembre de 2023.
En distintos organismos nacionales ya se aplicaron esquemas similares de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y reducción de contratos.
En el caso de la ANSES, el programa podría tener un impacto operativo sensible debido a que el organismo concentra buena parte de la atención previsional, trámites jubilatorios y administración de prestaciones sociales en todo el país.
A su vez, la combinación entre un mayor volumen de juicios previsionales y una reducción progresiva de personal abre interrogantes sobre la capacidad administrativa futura del organismo para acelerar liquidaciones, responder demandas y ejecutar sentencias.
El movimiento presupuestario también deja al descubierto una paradoja que atraviesa al sistema previsional argentino desde hace años: mientras el Estado destina cada vez más recursos a pagar juicios perdidos contra jubilados, la litigiosidad continúa creciendo.
