En una de sus primeras apariciones junto a empresarios luego de presentar una renuncia que no fue aceptada como director general de Aduanas, Andrés Velis se reunió con la Mesa Ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) y recibió un documento con propuestas para avanzar en una agenda de trabajo para controlar una de las principales preocupaciones de la industria: el contrabando.
El principal planteo fue la creación de una mesa técnica específica entre la Aduana y la UIA, que funcione en paralelo a los ámbitos de coordinación ya existentes con el Ministerio de Seguridad y permita dar seguimiento a los casos que denuncian las cámaras industriales sobre contrabando, subfacturación y competencia desleal.
“El problema es tremendo”, aseguró el presidente de la UIA, Martín Rappallini en diálogo con El Cronista al referirse al crecimiento del comercio ilegal, a la vez que confirmó el encuentro con Velis y aseguró que encontró al funcionario con una agenda de trabajo muy cargada y en sintonía con la problemática.
La iniciativa surge en un contexto en el que el contrabando pasó a ocupar un lugar central entre las preocupaciones del sector manufacturero.
Según un relevamiento del Centro de Estudios de la UIA (CEU), seis de cada diez empresas consideran que la competencia desleal y el comercio ilegal tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad, principalmente por la caída de las ventas y de la rentabilidad.
Controles insuficientes
Durante la reunión, la UIA presentó un diagnóstico que va más allá del ingreso irregular de mercadería. El documento advierte que la competencia desleal también se manifiesta a través de productos que ingresan sin cumplir reglamentos técnicos, sin certificaciones obligatorias, con problemas de trazabilidad o comercializados por fuera de los canales formales.
De acuerdo con el informe, la mitad de las empresas consultadas señaló que los productos importados se venden a precios artificialmente bajos, presionando los valores locales hasta niveles que no alcanzan para cubrir los costos de producción.
Además, el 15,3% mencionó la falta de certificaciones obligatorias, el 13,8% la ausencia de trazabilidad y el 13,2% la comercialización sin factura u otras formas de informalidad.
En ese contexto, desde la UIA sostienen que el problema no pasa únicamente por la existencia de controles, sino por su efectividad.
Según explicaron a El Cronista, el actual esquema de denuncias permitió detectar irregularidades y aplicar sanciones, pero muchas veces actúa cuando la mercadería ya ingresó al mercado y fue comercializada, lo que reduce su capacidad para corregir el daño.
El propio relevamiento del CEU refleja esa preocupación: el 19,4% de las empresas considera que los controles aduaneros son insuficientes para evitar el ingreso de mercadería irregular, mientras que quienes valoran positivamente las inspecciones sostienen que un fortalecimiento de los controles permitiría reducir la subfacturación, limitar el ingreso de productos de menor calidad y equiparar las condiciones de competencia.
Entre los planteos, la UIA pidió revisar los criterios del Canal Rojo para reforzar los controles sobre importaciones alcanzadas por reglamentos técnicos, normas de seguridad y medidas antidumping.
El planteo también es parte de la agenda de diálogo que mantienen con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, responsable de muchas definiciones bajo la órbita de la Secretaría de Comercio.
Golpe a la industria
El impacto del contrabando y la competencia desleal no es homogéneo entre las distintas ramas industriales. Según el relevamiento del Centro de Estudios de la UIA, el 88,2% de las empresas de metales comunes considera que estas prácticas tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad, una proporción que alcanza el 84,6% en productos textiles y el 76,2% en confecciones, cuero y calzado.
También aparecen entre los sectores más afectados papel, cartón y madera (76%), autopartes (67,7%) y caucho y plásticos (67,4%). En términos geográficos, el AMBA concentra la mayor proporción de empresas que denuncian un impacto alto o muy alto (65,9%), seguido por Cuyo (64,3%) y el norte del país (56,5%).
Entre las actividades que vienen denunciando irregularidades también aparecen fabricantes de celulares, bebidas, tabaco, golosinas y productos de higiene personal y cosmética. En algunos casos, las cámaras industriales detectaron productos que se comercializan sin cumplir las exigencias de etiquetado, certificaciones técnicas o normas sanitarias.
Pero la preocupación empresaria no se limita a los productos que ingresan por pasos fronterizos informales. En Mendoza, por ejemplo, se identificaron servicios presentados como agencias de turismo que se utilizan para transportar mercadería ingresada irregularmente al país.
En ese sentido, desde la UIA aseguran que las cámaras y sus representantes territoriales cuentan con información sobre los distintos circuitos de contrabando, lo que puede resultar útil para orientar los controles aduaneros.
Del contrabando tradicional a las plataformas
A la par de la preocupación por el aumento del tradicional contrabando en las fronteras, otro de los ejes de la reunión fue el crecimiento de las ventas ilegales a través de plataformas digitales.
Según participantes del encuentro, la Aduana expuso algunos de los proyectos en los que trabaja para reforzar los controles, entre ellos nuevas herramientas tecnológicas para detectar maniobras de subfacturación mediante inteligencia artificial, además de inversiones en equipamiento para fortalecer la fiscalización en frontera.
La UIA, por su parte, también planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con las plataformas de comercio electrónico. El objetivo es mejorar la trazabilidad de los productos, facilitar la baja de publicaciones de mercadería ilegal y avanzar en mecanismos que permitan identificar con mayor rapidez a los importadores responsables de esas operaciones.
El informe del CEU acompaña ese diagnóstico. Además de los mayoristas y comercios minoristas, las empresas identifican como canales relevantes para la comercialización de productos irregulares a las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, las redes sociales y los marketplaces, un fenómeno que ganó peso durante el último año.
Una agenda permanente
Más allá de las medidas puntuales, el principal resultado de la reunión fue el compromiso de avanzar en una mesa técnica específica entre la Aduana y la UIA. La intención es establecer un canal de intercambio más ágil para compartir información que aportan las cámaras industriales, hacer seguimiento de las denuncias y evaluar periódicamente la evolución del comercio ilegal.
El planteo también coincide con las prioridades que surgieron del relevamiento realizado por el CEU. Entre las principales medidas reclamadas por las empresas figura el fortalecimiento de los controles aduaneros y de la fiscalización de la facturación (33,2%), seguido por un mayor control sobre el comercio electrónico (15,1%), mejoras en la trazabilidad y mecanismos más ágiles para canalizar las denuncias.
En la UIA consideran que el crecimiento del contrabando dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza transversal para la industria, especialmente en un contexto de debilidad del consumo y mayor competencia de productos importados.
Por eso buscan que el diálogo abierto con la Aduana se transforme en una instancia permanente de trabajo y seguimiento.
