Hace apenas tres años Javier Milei proponía cerrar el Banco Central, pero hoy el Gobierno impulsa una reforma que busca otra cosa: fortalecerlo institucionalmente y convertirlo en un organismo cuya misión exclusiva sea preservar el valor de la moneda.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica, presentado por las autoridades del Banco Central y defendido por el ministro de Economía, Luis Caputo, elimina la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria, redefine el mandato de la entidad y busca darle un marco jurídico más estable a la política monetaria.

“La reforma de la Carta Orgánica es la más importante de los próximos cien años. Es refundacional. El Banco Central no puede financiar más al Tesoro. Este cambio le da un mazazo a la inflación y pavimenta el camino hacia el crecimiento de largo plazo”, sostuvo Caputo al presentar la iniciativa.

Para el Gobierno, la reforma constituye la pieza institucional que debería impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la emisión como mecanismo de financiamiento del gasto público.

Sin embargo, detrás de ese objetivo aparece una discusión mucho más amplia, que excede a la política argentina y divide desde hace décadas a economistas y bancos centrales de todo el mundo: qué significa realmente que un banco central sea independiente.

La independencia del Banco Central ya no pasa sólo por la emisión

La independencia de un banco central fue, durante buena parte del último medio siglo, sinónimo de una idea muy concreta: impedir que los gobiernos utilizaran la emisión monetaria para financiar sus déficits.

Esa regla fue, según las estadísticas que muestra el gobierno, infringida constantemente. Se señala como ejemplo lo sucedido en el período del último gobierno peronista y se habla de la “impresión de varias bases monetarias” en cuatro años.

Según explicó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, la reforma pretende “establecer una hoja de ruta y un marco jurídico que le permita al BCRA dar previsibilidad a la economía”.

“Eliminamos herramientas que tienen naturaleza fiscal, pero no queremos atar las manos del Banco Central para hacer política monetaria”, afirmó el funcionario.

El proyecto también elimina el mandato múltiple incorporado en 2012 —que incluía estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social— para volver a un objetivo único: preservar el valor de la moneda.

Para Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, esa modificación representa uno de los principales aciertos de la iniciativa.

“La definición de un único objetivo para el Banco Central constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra propuesta. Nosotros planteamos que ese mandato se instrumente mediante metas de inflación. Todavía falta conocer cómo se implementará concretamente, pero la orientación general es correcta”, señaló.

Abram también valoró la decisión de prohibir el financiamiento monetario al Tesoro, aunque considera que la reforma debería ir todavía más lejos.

“La prohibición no debería limitarse a la compra de deuda en el mercado primario. También debería impedir la adquisición de títulos públicos en el mercado secundario, porque esa operatoria puede convertirse en una forma indirecta de financiar al Estado y facilitar futuras colocaciones de deuda”, sostuvo.

Para el economista, otro aspecto central consiste en blindar institucionalmente a las autoridades monetarias frente a presiones políticas.

“La modalidad prevista para remover al presidente y a los directores parece interesante porque podría protegerlos frente a eventuales presiones del Poder Ejecutivo o del Congreso destinadas a apartarlos de su mandato de preservar la estabilidad monetaria”, agregó.

Sobre la estabilidad política del nuevo BCRA también se expresó Martín Redrado, ex titular de la entidad.

“Los criterios deberían ser los mismos: si la remoción requiere una mayoría en Diputados y Senadores, la aprobación también debería seguir ese mismo procedimiento”, señaló respecto de la designación del directorio del Banco.

La discusión empieza donde termina la emisión

Sin embargo, varios economistas consideran que el debate sobre la independencia monetaria ya no puede agotarse únicamente en la relación entre el Banco Central y el Tesoro.

Redrado propuso revisar el régimen de encajes bancarios, al considerar que históricamente fueron utilizados como una fuente indirecta de financiamiento del sector público.

También planteó que el nuevo artículo 3 de la Carta Orgánica debería incorporar expresamente la estabilidad financiera como objetivo complementario de la preservación del valor de la moneda.

“La Superintendencia de Bancos debe garantizar la liquidez y la solvencia del sistema financiero. Esa también es una función esencial del Banco Central moderno”, sostuvo.

Lucas Pussetto, profesor de Economía del IAE Business School, por su parte sostuvo que el proyecto abre otra pregunta que todavía no ocupa el centro del debate público.

“La pregunta que todavía no se instaló con fuerza es cómo convive, en la práctica, ese mandato único con un régimen cambiario que, en los hechos, sigue siendo administrado”, explicó.

El economista recuerda que, en la experiencia internacional, los bancos centrales con un mandato centrado exclusivamente en la estabilidad de precios suelen convivir con esquemas cambiarios mucho más flexibles.

“Un mandato monetario acotado a la estabilidad de precios suele ir de la mano, en la literatura y en la experiencia comparada, de un tipo de cambio flotante, no de una intervención cambiaria discrecional y cotidiana”, señaló.

Y allí aparece la tensión que, según Pussetto, la reforma todavía no termina de resolver.

“Si la nueva Carta Orgánica no resuelve esa tensión, el mandato único corre el riesgo de ser más una declaración de principios que una restricción operativa efectiva**”, advirtió.

Por su parte, la independencia del BCRA es un viejo anhelo del Fondo Monetario Internacional. Estuvo sobre la mesa de negociaciones en 2020 y volvió con fuerza durante la era Milei.

De hecho, ese diagnóstico sostiene que buena parte de las últimas décadas, el principal problema argentino fue evitar que el Banco Central financiara al Tesoro mediante emisión.

Según el documento elaborado por la propia autoridad monetaria, entre 2003 y 2023 el Banco Central transfirió recursos al Tesoro equivalentes al 85% del Producto Interno Bruto, mediante adelantos transitorios, compra de Letras Intransferibles, distribución de utilidades y otros mecanismos de asistencia financiera.

Werning estimó además que el llamado “impuesto inflacionario” implicó una pérdida de ahorro para las familias equivalente a u$s 390.000 millones durante esas dos décadas.

Más allá de las diferencias, Abram y Pussetto coinciden en un punto: Una reforma legal, por sí sola, no alcanza. Redrado agrega que, si la reforma sale del Congreso sólo con los votos del oficialismo, “no generará confianza”.

Abram considera que el proyecto constituye un avance importante para reducir el margen de discrecionalidad de futuros gobiernos. Pussetto, en cambio, pone el foco sobre otro aspecto.

“Existe una tendencia internacional hacia una mayor independencia de los bancos centrales, pero persiste una pregunta abierta: si esa mayor independencia legal realmente se traduce en mejores resultados de estabilidad de precios o si la ley, por sí sola, no garantiza que la práctica cotidiana acompañe lo que dice el papel”, explicó.

En otras palabras, la discusión ya no gira únicamente alrededor de prohibir la emisión para financiar el déficit. Parece empezar allí.