Cuatro razones explican el enojo que esta semana manifestó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, con Javier Milei: los $ 8000 millones mensuales que el Gobierno dejó de girar en concepto de las cajas previsionales no transferidas; la quita de subsidios a Yacimientos Carboníferos Fiscales, el freno de las represas -en el distrito piden reactivar por lo menos una- y el retiro de YPF que ya bajó la mitad de sus equipos y que obligó al ministro de Energía provincial a viajar urgente a Buenos Aires esta semana.

Como Santa Cruz, otras 12 provincias se quejan por la falta de compensación al sistema previsional. De acuerdo a lo pautado durante el gobierno de Carlos Menem sólo están ‘a salvo' Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. A las provincias que dejaron de recibir la compensación no les llevó tranquilidad la falta de precisión del titular de Anses, Mariano de los Heros que finalmente se presentó en la Cámara de Diputados para defender en comisión la nueva movilidad jubilatoria.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya había asegurado que las partidas no se eliminaron, que sólo fueron reasignadas mientras se avanza con una auditoría al sistema. De los Heros no pudo brindar información sobre ese análisis que determinará el déficit previsional ni tampoco sobre la fecha prevista para que se retomen los giros a las cajas provinciales.

Cómo ocurrió con otros recortes, las provincias iniciaron reclamos administrativos bajo la amenaza de recurrir a la Justicia. Así lo hizo Sergio Ziliotto que desde La Pampa ya envió dos cartas documentos. El próximo paso será una demanda judicial.

Cerca del mandatario peronista insisten en que La Pampa tiene solvencia financiera, presupuestos equilibrados y que gestiona sin déficit fiscal. Por eso, aseguran en su gobierno, están garantizados los servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia. Pero además pidieron a hacerse cargo de la obra pública que está frenada. "Necesitamos que Nación acepte entregarnos las obras" señalan en Santa Rosa.

Ziliotto no obtuvo respuesta. Y como otros peronistas tampoco recibió ninguna nueva invitación para seguir conversando sobre todos los temas en agenda. En La Plata dijeron a este diario que aún esperan el llamado prometido para seguir conversando. No fueron los únicos no convocados.

Un diálogo interrumpido

La mayoría de los gobernadores peronistas a los que contactó El Cronista dieron la misma respuesta: el diálogo con la Casa Rosada está cortado desde el 8 de marzo. Aquel viernes todas las provincias asistieron al encuentro con el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro Francos. Hoy el Gobierno parece haber cambiado de estrategia y prioriza el diálogo bilateral o con ligas más amigables.

En ese universo, Posse y Francos están más cómodos con radicales y gobernadores del PRO, tal como se vio en la cumbre de este jueves por la tarde. "No pueden tratarnos a todos igual", pidió un diferencial uno de esos mandatarios en referencia a "los que se oponen a todo". Los funcionarios nacionales, quedaron conformes. "Los gobernadores son políticos", respondió Francos en un canal de TV seguro de que se aprobará la Ley Bases.

Precisamente con esa idea Francos viajó a Salta días atrás y compartió la reunión de gobernadores del Norte Grande. Allí sí hubo peronistas, incluso los más críticos de la gestión nacional como el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán. Tan amigables estuvieron algunos que sorprendió la dureza con la que el radical correntino Gustavo Valdés enumeró los reproches a la gestión Milei. Ayer volvió a quejarse porque aunque asegura que se entiende en el mano a mano con el Presidente también confronta con la rigidez de la Rosada. Por la caja previsional ya hizo un cálculo actualizado: dice que le deben $ 20.000 millones.

El rol de Kicillof

En la lista de los ‘no deseados' está Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires que mantiene contacto permanente con sus colegas peronistas pero también con varios representantes de partidos provincials. Entre sus interlocutores están el radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el cordobés Martín Llaryora que reclama suavizar el ajuste libertario al mismo tiempo que se muestra dispuesto a firmar el Pacto de Mayo, entre otros. Esos vínculos son los que busca romper el tándem Posse-Francos que negocian sobre las necesidades de las provincias donde también está habiendo ajustes obligados.

Kicillof está convencido de que se debe continuar con el trámite parlamentario para hacer caer el megaDNU de Milei que permite avanzar en la reestructuración de todo el Estado aún sin Ley Base. También sostiene la urgencia de reclamar por las cajas previsionales y no deja de señalar "que el gobierno nacional se corre de temas que le competen y responsabiliza a las provincias". Enumera en esa categoría la ayuda social y los fondos que ya dan por perdidos, como todos los subsidios y obras congeladas. El más reciente fue su reclamo por la gestión del brote de dengue.

La vuelta del impuesto a las Ganancias divide a los gobernadores al punto que no es lo primero que tienen en agenda en cada uno de sus contactos. Los del Norte necesitan más recursos y aceptarían la vuelta del tributo o su reemplazo por partidas que los compensen; los del Sur lo rechazan porque no los impacta fuertemente pero sí les significaría un alto costo político. Los del Centro preferirían un tributo a los altos ingresos.

En ese contexto, gran parte de los mandatarios se resguarda en el bajo perfil para no irritar al ‘león' libertario ni contradecirse a sí mismos. Varios de ellos intentan consensuar un documento, algo así como una contraoferta al Pacto de Mayo de Milei, condiciones que habiliten el diálogo sin ahogar las arcas provinciales.

Sin embargo las charlas bilaterales de los funcionarios del Gobierno con algunas provincias, las diferencias políticas entre los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, los acuerdos individuales como el que busca Jorge Macri con el ministro de Economía Luis Caputo por la deuda que la Corte obliga a pagar, los limitan. Por eso aún no hubo acuerdo para firmar el tan mentado documento.

La dilación beneficia al Gobierno Nacional que para ganar tiempo y sumar votos parlamentarios aplica aquel viejo dicho: ‘Divide y reinarás'. Lo aplican y suman poder.