En esta noticia
La disputa judicial entre la Argentina —por YPF— y un grupo de inversores liderados por Burford Capital sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando ambas partes comparecieron ante la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia de seguimiento del proceso de discovery (etapa de presentación de pruebas) relacionado con la expropiación de YPF en 2012.
El conflicto tiene su origen en la renacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. Aquella decisión, que buscaba recuperar el control de la principal empresa petrolera del país, desató múltiples reclamos judiciales en tribunales internacionales.
Burford Capital, una firma especializada en financiamiento de litigios, representa a accionistas minoritarios que buscan compensación por las pérdidas sufridas tras la expropiación. Según estimaciones de la industria legal, el monto en disputa podría alcanzar varios miles de millones de dólares.
Burford vs. Argentina: tensión por pedidos de información sensible
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, la audiencia de hoy estaba programada desde fines de 2025, antes de que se desencadenara la actual escalada entre las partes. Los demandantes presentaron recientemente un pedido de sanciones contra Argentina por presunto incumplimiento, mientras que la defensa nacional solicitó la suspensión total del proceso.
El principal punto de fricción radica en los requerimientos de información que la parte demandante está exigiendo. “Resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”, señalaron fuentes oficiales argentinas.
La controversia se centra particularmente en la exigencia de revelar datos sobre activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Pretender que se requiera información al Banco Central sobre la localización de sus activos equivaldría a exigir que la Reserva Federal revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”, argumentaron desde la defensa.
El concepto de inmunidad soberana en juego
La doctrina de inmunidad soberana es un principio del derecho internacional que protege a los Estados y sus activos de acciones judiciales en tribunales extranjeros. Sin embargo, esta protección no es absoluta: la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de Estados Unidos establece excepciones cuando se trata de actividades comerciales.
Los demandantes buscan identificar activos argentinos que potencialmente podrían embargarse para cobrar una eventual sentencia favorable. Argentina, por su parte, sostiene que los activos de su banco central están protegidos por inmunidades especiales que los hacen inembargables.
A pesar de la tensión, fuentes de la representación argentina indicaron que el país reafirmó durante la audiencia su compromiso de completar la documentación pendiente vinculada a los temas previamente acordados. También se comprometió a continuar con el proceso de identificación de ciudadanos argentinos que manifestaron voluntad de cooperar con el discovery.
“Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales, incluso en paralelo al pedido de suspensión del proceso”, explicaron las fuentes.
Agregaron que el gobierno de Javier Milei mantiene “una postura firme en la defensa de sus derechos y en la utilización de todas las herramientas legales disponibles”.
Los próximos pasos del litigio
El calendario procesal establece plazos ajustados para las próximas presentaciones:
- 6 de febrero: los demandantes deberán responder al pedido de suspensión presentado por Argentina.
- 10 de febrero: Argentina presentará su réplica a esa respuesta.
- 19 de febrero: la República Argentina presentará formalmente sus argumentos rechazando el pedido de sanciones y desacato formulado por Burford Capital y los demás demandantes.
Una vez cumplidos estos plazos, la cuestión quedará en condiciones de ser resuelta por el tribunal de la jueza Preska, cuyas decisiones serán determinantes para el futuro del litigio.
Este enfrentamiento judicial se desarrolla en un momento delicado para la economía argentina, que enfrenta restricciones en el acceso a mercados internacionales de crédito y mantiene reservas limitadas en el Banco Central. Cualquier embargo de activos argentinos en el exterior podría complicar la situación financiera del país.
