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El Gobierno argentino ahora pidió en Nueva York que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios que ordenó la Justicia estadounidense y que se deje sin efecto la solicitud de declarar a la Argentina en desacato en el marco del juicio por YPF.
Así lo reclamó este miércoles la Procuración del Tesoro de la Nación, mientras se esperan definiciones sobre si queda firme o no el fallo que condenó a la Argentina a pagar u$s 16.100 millones más intereses acumulados desde septiembre de 2023.
Ayer, rechazó otros dos pedidos clave relacionados con las reservas de oro del BCRA y la comparescencia del ministro de Economía, Luis Caputo.
Juicio por YPF: ahora el Gobierno pidió que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó esta madrugada un pedido formal de suspensión (stay) sobre el discovery ordenado por la Jueza Loretta Preska en el marco del juicio YPF, según se informó de manera oficial.
Fuentes de la PTN indicaron que se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un pedido formal para suspender el proceso de discovery ordenado por el tribunal y el pedido de desacato de los demandantes en el litigio vinculado a YPF..
Preska había solicitado acceder a mails y mensajes de WhatsApp de funcionarios que integraban el equipo de Luis Caputo y el de Sergio Massa.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, argumentaron.
Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.
Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.
En ese marco, advirtieron que, frente al cumplimiento del Estado argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Juicio por YPF: Argentina rechazó informar a la jueza Preska sobre las reservas de oro del BCRA
Asimismo, señalaron que, en las últimas semanas, “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”.
Al respecto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
La estrategia defensiva del país se sustenta en un argumento jurídico fundamental: el oro custodiado en las bóvedas del BCRA pertenece exclusivamente a esta entidad y no forma parte del patrimonio del Tesoro Nacional.
Esta distinción cobra relevancia crucial en el contexto del litigio, ya que el Gobierno sostiene que la independencia institucional del Banco Central impide que el Poder Ejecutivo acceda libremente a información sobre la gestión y localización de estos activos.
La postura busca establecer un cortafuego legal entre las obligaciones del Estado Nacional y los recursos que administra autónomamente la autoridad monetaria.
Sin embargo, la respuesta oficial no cierra completamente las puertas al pedido de los litigantes. El Ejecutivo informó al tribunal que cursarán formalmente una solicitud al Banco Central requiriendo la información sobre las reservas de oro.
Este movimiento representa un equilibrio delicado: por un lado, el Gobierno mantiene su argumento sobre la autonomía del BCRA y su imposibilidad de ordenar unilateralmente la entrega de datos; por otro, demuestra disposición colaborativa al canalizar institucionalmente el requerimiento judicial. Esta decisión evita un desacato directo a Preska mientras preserva la estructura legal que protege los activos del BCRA de embargos directos.
El rechazo a la comparecencia de Caputo añade otra capa de complejidad al caso. Los demandantes buscaban interrogar directamente al funcionario responsable de la política económica sobre el manejo de las reservas en oro. Al negar este pedido, el Gobierno evita exponer a su principal autoridad económica a un interrogatorio que podría generar declaraciones comprometedoras o revelar estrategias de gestión de activos que prefiere mantener confidenciales.
