La Ley de Inocencia Fiscal instaló un cambio de paradigma en la relación de los contribuyentes con el Estado: todos serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Sin embargo, a casi tres meses de la reglamentación de la norma, el plan no ha tenido el efecto esperado por el Gobierno. De hecho, un reciente artículo de Bloomberg reveló que los depósitos en dólares crecieron menos de u$s 1000 millones, un impacto acotado que el prestigioso medio atribuye a décadas de desconfianza hacia el Estado y el sistema bancario.
Por el momento, el plan para “captar los dólares del colchón” ha generado pocas respuestas. Los contribuyentes buscan asesorarse con especialistas, quienes señalaron en las últimas semanas la necesidad de clarificar algunos aspectos normativos.
Pese a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) respondió una serie de interrogantes en los últimos días, los contadores profundizaron sobre las implicancias de los dólares del blanqueo en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Para ingresar al nuevo esquema, los contribuyentes deberán cumplir con una serie de requisitos: ser personas humanas y sucesiones indivisas residentes cuyos ingresos brutos totales no superen $ 1000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $ 10.000 millones, verificados durante los tres ejercicios previos.
Cumpliendo esas condiciones, el contribuyente obtiene dos beneficios: el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base —adhesión al régimen simplificado— y la presunción de exactitud sobre los tres períodos fiscales anteriores.
En ese sentido, Marcelo Rodríguez, contador y CEO de MR Consultores, contó en su cuenta de X el caso de un usuario que fue excluido del sistema por haber superado el parámetro de ingresos totales en el período fiscal 2024. ¿El motivo? El Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743), más conocido como el blanqueo de capitales.
Lo paradójico es que ARCA invitó a los contribuyentes a regularizar (mediante el blanqueo de capitales), pero luego esa misma regularización se usa como causal para excluirlo del Régimen Simplificado de Ganancias.
Diego Fraga, abogado especializado en Derecho Tributario y socio de Expansion Business Argentina, consideró que el organismo está forzando la interpretación. “El Régimen Simplificado de Ganancias mira si el contribuyente superó ciertos topes de ingresos en los tres períodos anteriores. Pero una cosa es tener ingresos —rentas gravadas, exentas o no gravadas— y otra muy distinta es exteriorizar un activo preexistente en un blanqueo”, precisó.
Desde su perspectiva, el blanqueo no convierte automáticamente esos dólares en “ingresos” del 2024, dado que en el régimen de regularización de activos “se está declarando un bien o tenencia preexistente, no necesariamente una renta obtenida en ese período fiscal”.
Por su parte, Mariano Ghirardotti, especialista en tributación y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, señaló que “todo surge de interpretaciones que hizo el fisco con relación a la legislación y su reglamentación”. Asimismo, destacó la importancia de que la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) publique el dictamen que hoy, por diferentes razones, está trabado.
“Estamos a la espera de un dictamen que aclararía todos estos puntos grises”, sostuvo. Justamente, uno de esos “puntos grises” aparece en el caso de los dólares del blanqueo, dado que ARCA intenta computar entradas de fondos o movimientos patrimoniales.
“Si se excluye a alguien sólo porque blanqueó dólares, sin distinguir si eran rentas de 2024 o activos anteriores, la interpretación me parece conceptualmente equivocada y contraria al sentido del propio régimen”, apuntó Fraga, quien aseguró que “en ARCA van a revisar ese criterio porque restringiría bastante la entrada al régimen”.
Ghirardotti, en tanto, subrayó que “todo el mundo está pensando en ingresar a sus clientes al régimen simplificado”. Sin embargo, el problema radica en las interpretaciones que pueda tener el fisco.
A esto se suma la necesaria adecuación de los sistemas del organismo en función de lo que surja del dictamen. “Si se atrasan con el dictamen, se ralentiza la modificación del sistema y eventualmente los va a forzar a generar una prórroga que, en términos generales, implica que los ingresos le lleguen más tarde”, concluyó.
