Un grupo de jóvenes profesionales que pasó por la gestión pública durante gobiernos peronistas/progresistas busca construir una alternativa económica al actual programa de Javier Milei para la Argentina que viene, revisando los errores de las gestiones que ellos mismos formaron parte.
Reunidos bajo el nombre de Futuros Mejores, presentaron su “Programa económico para un futuro mejor”, un documento de 30 páginas con propuestas sobre producción, macroeconomía, empleo, política social y funcionamiento del Estado.
“En economía, el orden de los factores sí altera el producto. No podemos empezar el debate limitándonos a discutir el déficit fiscal, ni regalar el discurso del ‘orden’ y la ‘estabilidad’”, plantea la organización, que tiene como referente a la economista y ex subsecretaria de Políticas de Igualdad Lucía Cirmi Obón y reúne a más de veinte ex cuadros técnicos y exfuncionarios con experiencia en distintas áreas del sector público.
Entre los nombres que destacan acompañando a Cirmi Obón, están Haroldo Montagu, exsecretario de Política Económica y uno de los hombres que acompañaron a Martín Guzmán en el inicio de su gestión en Economía; Leandro Mora Alfonsín, exdirector nacional de Política Industrial durante la gestión de Matías Kulfas en Desarrollo Productivo; y Tomás Lukin, quien trabajó como vocero de Mercedes Marcó del Pont durante su gestión al frente de la AFIP.
La propuesta
La secuencia macroeconómica que propone Futuros Mejores es estabilizar la economía frente a shocks con acumulación de reservas en el corto plazo; mejorar el perfil de la deuda pública financiado predominantemente en moneda local y garantizar tasas sostenibles en el mediano; y dejar para el largo plazo, la fomentación de inversiones que diversifiquen la estructura productiva y promuevan el crecimiento con inclusión social.
-Dólar
En materia cambiaria, proponen un Tipo de Cambio Real Competitivo y Estable (TCRCE) mediante un esquema de flotación administrada con bandas explícitas e intervención activa del Banco Central a un nivel que permita que la producción de bienes transables —incluidas manufacturas y servicios— sea rentable y ayude a diversificar la canasta exportadora.
-Deuda pública
El principio es “crecer para pagar y no al revés”. El programa propone reducir la dependencia del financiamiento externo y construir una fuente genuina de dólares mediante exportaciones diversificadas y acumulación de reservas.
El acceso a los mercados internacionales que tanto anhela el equipo económico liderado por Luis Caputo no es rechazado, pero cambia su finalidad: debería servir para financiar infraestructura, energía y tecnología a tasas y plazos compatibles con el retorno de esas inversiones, y no convertirse en un objetivo político en sí mismo.
También plantea reconstruir un mercado de deuda pública en pesos para reducir la exposición a los shocks externos y ampliar los márgenes de acción de la política económica.
-Reforma tributaria
Futuros Mejores considera que la estructura tributaria argentina es regresiva por el peso de los impuestos al consumo y a las transacciones. Por eso plantea fortalecer la tributación directa sobre ingresos, patrimonios y rentas del capital, ampliar la base tributaria mediante una reducción de la evasión y la elusión y revisar los gastos tributarios.
También propone evaluar los regímenes de promoción y exenciones según resultados concretos como empleo y valor agregado.
-Industria
La política industrial es uno de los ejes ineludibles para el progresismo. “Los esquemas de protección solo sirven con metas exigibles de productividad, innovación y plazos”, sostiene el documento.
La propuesta busca combinar políticas transversales a todos los sectores, como infraestructura de transporte, financiamiento productivo, transferencia tecnológica y certificaciones de calidad, con políticas específicas para algunos considerados estratégicos, entre los que mencionan la electromovilidad, la química aplicada, los bienes de capital para el agro y la energía, la biotecnología, la economía del conocimiento y el turismo.
El planteo intenta alejarse tanto de la idea de que el Estado debe retirarse de la política industrial como de los esquemas de protección permanente.
-Vaca Muerta y RIGI
Estos jóvenes profesionales reconocen el potencial de Vaca Muerta y de los recursos minerales como fuentes de divisas, pero cuestiona que el desarrollo quede limitado a la extracción.
El protagonista en este punto es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que “comete el error crítico de atraer capitales sin exigir ninguna meta de integración con el ent ramado local”, dice el documento. “Debe reformularse para obligar a las corporaciones a desarrollar proveedores locales en minería, petróleo, gas y agrobioindustria”, sentencia.
La autocrítica
Uno de los intereses que genera el plan presentado es que, en conjunto con otros espacios como Fundar, Cepa, Fundación Argentina Humana, IPyPP, Comisión tributaria de la CAME, UTEP, entre otros, intenta responder con autocrítica la pregunta sobre qué debería hacer el progresismo si vuelve a tener la responsabilidad de gobernar la economía argentina.
“Sostener de forma crónica esquemas de protección arancelaria rígida o regímenes especiales desvinculados de metas estrictas de productividad e innovación (como ocurrió en experiencias como Tierra del Fuego o la estrategia desplegada respecto a los insumos difundidos o algunas ramas mercado-internistas de muy baja productividad) terminó aislando a sectores que no lograron niveles internacionales de competitividad”, explica el documento sobre algunos esquemas de política industrial de gobiernos anteriores.
La advertencia alcanza a las regulaciones cambiarias. “El problema del ‘cepo’ en sus distintas versiones no fue su existencia sino su modo de implementación: una restricción tan amplia y rígida que generó una brecha cambiaria que se convirtió en fuente de rentabilidad en sí misma distorsionó precios relativos, desincentivó exportaciones e incentivó subfacturación”, reconocen.
La revisión aparece también en el segmento dedicado a analizar la política antiinflacionaria. El documento cuestiona la gestión de Alberto Fernández por una política que produjo “una devaluación constante del peso” y admite los límites de herramientas como los acuerdos de precios.
El grupo considera que los acuerdos de precios y salarios pueden tener un papel durante una transición, pero advierte que no deben utilizarse como sustituto de una estabilización integral.
“Un programa alternativo debe partir de ese diagnóstico sin caer en la tentación de replicar los mismos instrumentos con distinto signo político”, concluye el documento.
