El Senado avanzó sobre una serie de proyectos para marcarle el plan económico al presidente Javier Milei, quien ayer acusó a los gobernadores de querer "destruir al Gobierno Nacional". Aprobaron el aumento a los jubilados; la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El veto presidencial se dará justo para el cierre de las listas nacionales, tal como anticipó El Cronista.

Con 52 afirmativos votos afirmativos, 0 negativos, 4 abstenciones y 2 ausentes se aprobó el proyecto que contempla un incremento excepcional del 7,2% que corresponde al empalme de enero del 2024, y un aumento del bono congelado de $70.000 que cobran los titulares de la mínima desde marzo del 2024: ahora, este sería de $110.000, con una actualización mensual por IPC.

Pese a que los gobernadores aliados amagaron con retirar su apoyo de la reforma previsional, la votación finalmente evidenció que ninguno se animó a votar en contra y, desde LLA, se retiraron para no convalidar la sesión -a la cual acusan de "ilegal".

Apoyó la UCR, Luis Juez (PRO), el correntino Carlos "Camau" Espínola (quién rompió con el Gobierno nacional luego del desplante de Karina Milei en sus listas); la cordobesa Alejandra Vigo; y la rionegrina Mónica Silva. Los misioneros de Carlos Rivora y las chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi se abstuvieron -en el Senado, cuentan como ausencias-.

La vicepresidente Victoria Villaruel, a quien presionaron desde la Casa Rosada para que no habilite la sesión por "inválida", se fue antes del momento de la votación, al igual que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Lo mismo hizo la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero, quien se fue a los gritos del recinto.

Con esta aprobación también fijaron con fuerza de ley la ratificación de la movilidad jubilatoria por actualización por IPC mes a mes, que hasta ahora estaba dispuesta solo por DNU. Dentro de este proyecto también se contempla un artículo sobre las Cajas Previsionales para que la ANSES le transfiera antes del 20 de cada mes a las provincias que adeudan con Nación sus regímenes, en concepto de anticipo mensual equivalente a una doceava parte del déficit del último año.

Se trata del agujero fiscal más grande de todos los proyectos y que, según el Gobierno, por sí solo representa un 0,5% del PBI. La oposición sostiene que ese número es inexacto porque se contempla que la transferencia sea solamente para las provincias que cumplan con el requisito que piden las auditorías, y no es el caso de las 13 deudoras -serían solo Córdoba y Entre Ríos-.

Después, la restitución de la moratoria vencida en marzo de este año obtuvo 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención. Esta implica una especie de "prórroga" por otros dos años. También acompañó "Camau" Espínola, Vigo, Silva y los santacruceños. Por su parte, la emergencia en discapacidad fue aprobada también por unanimidad, con 55 votos afirmativos. Como último gesto, también ratificaron la ley de emergencia en Bahía Blanca con 51 votos a favor: el veto de Milei no se sostiene en el Senado.

La Casa Rosada contra Villarruel

Pasada las 14 horas se consiguió el quórum con 42 legisladores sentados en sus bancas, en el oficialismo darán la pelea reglamentaria para anular la avanzada opositora. Las formas son el todo en el ajedrez opositor a la hora de orquestar la sesión. Lo particular es que no hubo un pedido de sesión especial de los senadores y, de esta manera, le quitaron el poder a la vicepresidente y presidente del Senado, Victoria Villarruel, de aplazar la convocatoria: su clásica maniobra para darle tiempo a la Casa Rosada y al mismo tiempo no cerrar el recinto.

Ella anticipó que si la mitad más uno está presente, presidirá la sesión. Efectivamente, el tablero dio quórum con UP; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; la cordobesa Alejandra Vigo; la larretista del PRO, Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; y los radicales Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Mercedes Valenzuela. Antes del himno también bajaron Daniel Kroneberger y Flavio Fama (UCR). El correntino Carlos "Camau" Espínola estuvo todo el tiempo en el recinto, pero no se sentó.

Villarruel apareció entonces una vez que el tablero dio 42, y habilitó la sesión sin convocatoria amparándose en que el pleno había establecido como sesión ordinaria todos los miércoles y jueves a las 14. En La Libertad Avanza, que tuvo como vocero a Ezequiel Atauche, discutió que la sesión no es válida y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en declaraciones radiales que, de avanzar la sesión, la judicializará.

Mientras tanto, en redes sociales los militantes libertarios apuntaron contra la vice por validar la sesión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se subió también contra la vice: "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", publicó.

A los proyectos de jubilaciones se suma la emergencia en discapacidad y los de coparticipación que, por unanimidad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, piden redistribuir el Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Desde la Casa Rosada, tal como contó El Cronista, ya desde el primer pedido de los gobernadores advirtieron sobre la contradicción de habilitar reformas con alto impacto fiscal, como el aumento de jubilaciones, al tiempo que le pedían fondos al Gobierno Nacional.

Para anular este argumento, esta mañana comenzó a trascender que los mandatarios más cercanos a Milei le retirarán su apoyo a la reforma previsional y la declaración de emergencia. De hecho, el senador radical Eduardo Vischi planteó un desdoblamiento de la sesión y pidió tratar primer primero los proyectos de los gobernadores y dejar para el final el de jubilaciones y emergencia en discapacidad. "Acá cobran los jubilados o cobran los gobernadores", preveía un legislador opositor ante El Cronista ya anticipándose al escenario.

El peronismo contraatacó con que no iban a poner el número para los dos tercios para tratar sobre tablas los proyectos de coparticipación si no colaboraban con aprobar el aumento a las jubilaciones y el senador José Mayans consiguió aprobar con 38 (mayoría simple, lo justo) su pedido para que primero se trate jubilaciones y dejar para el final el pedido de los gobernadores. Triunfó esta postura.

A discutir todo

Pero lo clave de tener una mayoría contundente que respalde esos dictámenes tiene que ver con el plan del oficialismo de impugnarlos. Tanto jubilaciones como discapacidad debieron contar con la firma de la comisión de Presupuesto y Hacienda y su presidente, Ezequiel Atauche, no había convocado a la reunión que los dictaminó.

Consecuentemente, ni Villarruel ni el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, reconocieron los dictámenes de estos proyectos. De hecho, la vice pidió dos tercios para tratarlos, y con otros 42 senadores (dos tercios) el pleno los consiguió para validar los dictámenes y así poder aprobarlos con mayoría simple.

Para el caso de los proyectos de coparticipación, se abre otra cuestión más bien jurídica sobre a qué Cámara le corresponde la iniciativa. Los gobernadores presentaron sus proyectos en el Senado, pero en la Casa Rosada ya comenzaron a discutir que los proyectos en materia impositiva le corresponden por origen a Diputados.

En la Cámara alta discuten que, al no tratarse de la creación de ningún impuesto, sino más bien de la redistribución de la masa de coparticipación, eso sí le corresponde constitucionalmente al Senado según el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Las irregularidades en los procedimientos le abren la puerta al Gobierno de discutir la letra chica y más aún cuando el jefe de Estado ya anticipó que no dudará en llevar la disputa política a la Justicia, de ser necesario: "Si rechazan el veto, yo lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", anticipó Milei en diálogo con El Observador ayer.

Impacto fiscal y financiamiento

El argumento principal del Gobierno, de todos modos, tiene que ver con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Pese a que la Argentina actualmente no funciona con una ley de presupuesto actualizada, se trata del artículo que reflota Milei cada vez que el Congreso amenaza con llevar adelante un proyecto con impacto fiscal.

Los gobernadores tuvieron esto en cuenta, especialmente dado que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, hizo hincapié en sus encuentros con los ministros de Economía provinciales que la propuesta atenta contra el equilibrio fiscal.

Por eso, dejaron trascender un informe propio en el que discuten que la redistribución de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles es del 0,08% del PBI y que la distribución de los ATN es del 0,03% del PBI. Según el análisis, esto solamente reduce un 0,11% la meta de superávit del 1,60% del Gobierno y el resultado fiscal de 1,49% incluso los dejaría por arriba de la meta del FMI, que es del 1,30%.

Por su parte, en lo que respecta de discapacidad y jubilaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, difundió los números del Gobierno: 0,42 puntos del PBI sobre el incremento del 7,2% en movilidad; 0,35 puntos del aumento del bono a 110.000; y 0,50% en lo que refiere a los movimientos de flujo en las Cajas Previsionales de las provincias.

A ese 1,27% se suma un 0,2% de la restitución de la moratoria previsional y un 0,15% de la emergencia en discapacidad (del 0,3 que se reduce a la mitad porque finalmente se aprobó un año y no dos). En total, suman un 1,65% del PBI.

La oposición discutió este número como erróneo y además alegaron que el proyecto del aumento en las jubilaciones sí contiene fuentes de financiamiento. Se trata del capítulo que se incluyó del dictamen que promovió el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal: que se le ajuste el presupuesto de los $32.616 millones a los fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se elimine la excepción al IVA que tienen los directores de empresas, la eliminación de sobrecargos a intereses del empréstito con Monetario Internacional (FMI) en el octubre del 2024 y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.