El presidenteJavier Milei hoy le redobló la apuesta al Congreso con un veto para girarle $200.000 millones a la provincia de Buenos Aires por las inundaciones y en la Casa Rosada se muestran demás confiados ante un eventual respaldo de los gobernadores, pese a la tensión por la coparticipación. Por caso, utilizarán esta carta para empoderar el proyecto de Inocencia Fiscal y se amparan en que, al ser año electoral, difícilmente prospere la agenda opositora.
El veto en cuestión data de un viejo proyecto de ley aprobó el Congreso para declarar la emergencia en los municipios bonaerenses damnificados por las inundaciones de marzo de este año, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Se trató de una iniciativa que sufrió de descoordinaciones entre las Cámaras, con proyectos distintos y baches de por medio, por lo que fue aprobado meses después de la catástrofe. Finalmente, Milei la descartó de cuajo y el Gobierno justificó que el financiamiento ya se había cumplido desde el Ejecutivo.
"La casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos", criticó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en X. El hecho trasciende justo cuando los gobernadores ponen sobre la mesa la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinado a emergencias.
El planteo cobró protagonismo en la reunión del CFI que se llevó a cabo este lunes por la mañana, con enviados del Ejecutivo de por medio: el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Antes, una comitiva de cinco mandatarios se acercó a la Casa Rosada para pedírselo directamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque originalmente querían hablarlo en persona con el jefe de Estado.
En esencia, los gobernadores pretenden que lo que corresponde por ATN se reparta vía coparticipación para que la Nación no pueda distribuirlos a dedo y, además, una reforma legislativa para eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles para que más de la mitad de lo recaudado sea para las provincias. El objetivo es financiar la obra pública.
Si bien no dieron a conocer una contrapropuesta a nivel técnico, de lo que pudo reconstruir El Cronista de fuentes oficiales la conversación tocó la negociación parlamentaria que tiene como antesala que el Congreso amenaza con aprobar un aumento de las jubilaciones que pone en jaque al equilibrio fiscal de Milei y todavía mantiene cajoneado el proyecto de Luis Caputo para "sacar los dólares del colchón".
Las fuentes de la Casa Rosada insisten que los buenos resultados electorales en los distritos los empoderan y que eso les da cintura para imponerse. "No nos asusta vetar", ratificó un allegado al Presidente, quien además se mostró confiado que en realidad los gobernadores se muestran más hostiles de lo que terminan siendo a la hora de votar, por lo que creen que tanto Bahía Blanca como el eventual veto a la reforma previsional terminarán blindándose.
En este sentido, el pedido de los gobernadores por la coparticipación se convirtió en una carta de negociación. Ya lo había anticipado un alto funcionario de diálogo fluido con los mandatarios: "Si nos vienen a pedir fondos pero después nos van a meter una ley en el Congreso para alterar el equilibrio fiscal, hay algo que no está alineado con el planteo", planteó ante El Cronista.
Por caso, lo que dejó trascender el ministerio de Economía es que si las provincias quieren plata entonces deberá haber una transferencia de responsabilidades -"no podemos darles plata y mantener nosotros las rutas"-, y que la mejor opción para aumentar la recaudación es aprobar el proyecto de Inocencia Fiscal.
"Si los gobernadores quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, ya que eso implica más plata para las provincias (por mayor IVA e ingresos brutos)", difunden desde la cartera de Caputo.
Se trata de uno de los proyectos pendientes de interés del Gobierno que todavía no pudo comenzar a tramitar ni en comisiones por múltiples factores: las firmas para dictaminar aún no están garantizadas, hubo diputados varados en Medio Oriente, la condena de Cristina Kirchner paralizó la agenda parlamentaria por dos semanas y, ahora, la oposición reflotó con LIBRA, presupuesto universitario y un proyecto para dinamitarle la herramienta de los DNU al Presidente.
Este escenario complejo que acorrala permanentemente al oficialismo en minoría legislativa obstaculiza sus reformas; por eso también activaron el célebre Consejo de Mayo para trabajar una reforma tributaria de fondo que no comenzará a tratarse hasta después de las elecciones. El recambio legislativo es lo que desactivará el freno de mano para el Ejecutivo en todo sentido: "Ahora es aguantar la pelota hasta octubre", definieron desde La Libertad Avanza.
