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El Gobierno delegó en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios. La medida fue formalizada este viernes mediante la publicación del Decreto 253/2026 en el Boletín Oficial.
Las provincias beneficiadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Se trata de distritos cuyos gobernadores (Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, respectivamente) mantienen vínculos políticos cercanos con el Ejecutivo Nacional y fueron claves en diversas votaciones legislativas del oficialismo.
La norma establece que las provincias podrán asumir la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos viales federales. Sin embargo, ello no implica la transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.
El decreto se fundamenta en el artículo 1° de la Ley N° 17.520, que faculta al Poder Ejecutivo a delegar sus competencias concesionales en las jurisdicciones que estime convenientes. La delegación tiene carácter funcional, limitado, temporal y revocable.
Para ejercer las nuevas atribuciones, cada provincia deberá suscribir un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Ese acuerdo deberá identificar los tramos a gestionar, los plazos de ejercicio, el régimen de supervisión y auditoría, y la obligación de mantener indemne al Estado Nacional ante cualquier reclamo.
Los convenios deberán incluir:
- El plan de obras y su cronograma.
- La justificación técnica.
- La fuente de financiamiento.
- El detalle del peaje máximo y el plazo de concesión proyectados.
La DNV evaluará la viabilidad técnica y económica de cada propuesta antes de su aprobación.
Una vez que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía apruebe el convenio, la provincia tendrá un plazo máximo de un año para iniciar el procedimiento de selección de concesionarios. Tras la adjudicación, dispondrá de 90 días hábiles para suscribir el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria.
Si la provincia no convoca el proceso dentro del plazo previsto, la delegación sobre ese tramo decaerá automáticamente. Del mismo modo, si el contrato de concesión se extingue por cualquier causa, la gestión regresará al Estado Nacional.
El artículo 7° del decreto establece una limitación importante: los fondos recaudados por peaje solo podrán destinarse a la construcción o conservación del mismo tramo concesionado. No podrán usarse en obras de otros segmentos, aunque exista vinculación física o técnica entre ellos.
Vialidad Nacional supervisará y auditará los contratos
Un aspecto central del nuevo esquema es que la supervisión y auditoría de los contratos de concesión quedará exclusivamente bajo la órbita de la DNV. Así lo establece el artículo 6° del decreto, que designa a ese organismo como autoridad de aplicación en materia de contratos de concesiones viales.
En el ejercicio de esas tareas, la DNV deberá velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas para las facultades y obligaciones delegadas a las provincias. Este mecanismo busca garantizar que la descentralización operativa no comprometa la integridad del sistema vial nacional.
El decreto prevé también que, si razones de interés público exigen que el Estado retome la gestión de un tramo, la autoridad de aplicación notificará a la provincia para que finalice la relación contractual con el concesionario o coordine su transferencia a la administración federal.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no figuran en el decreto original podrán solicitar facultades similares ante el Ministerio del Interior. Ese organismo evaluará cada caso según los criterios establecidos en la norma.
La iniciativa se encuadra en los lineamientos de la Ley de Bases N° 27.742, que promueve la reorganización y optimización del sector público y la articulación entre la Nación y las jurisdicciones locales para una gestión más eficiente de la infraestructura.
