El Gobierno nacional dio un paso definitivo en su plan de transformación de empresas públicas al publicar este martes por la madrugada en el Boletín Oficial el Decreto 695/24. Establece la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida, que había sido anticipada por fuentes oficiales hace dos semanas, marca un hito en la política energética del país al abrir por primera vez la posibilidad de inversión privada en el sector nuclear argentino.
El decreto habilita la venta del 49% de las acciones de NA-SA bajo el marco de la Ley Bases 27.742, garantizando que el Estado mantendrá el control mayoritario de la compañía estratégica.
El Gobierno avanza con la privatización de NA-SA: el control que mantendrá el Estado
Del porcentaje que saldrá al mercado, el 44% será ofrecido "en bloque" mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 5% restante quedará reservado para los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
La operación estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, que actuará con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada "Agencia de Transformación de Empresas Públicas".
En este sentido, el ministro de Economía Luis Caputo fue designado como autoridad de aplicación, con facultades para dictar todas las normas operativas necesarias para ejecutar el proceso de venta.
A pesar de la apertura al capital privado, el decreto establece garantías para preservar el control estatal sobre decisiones estratégicas. El Ejecutivo deberá aprobar cualquier proyecto de expansión de capacidad, la construcción de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de servicio de alguna central por razones ajenas a cuestiones técnicas.
El 51% de las acciones permanecerá bajo control del Estado a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El texto oficial justifica la privatización parcial argumentando que la empresa "requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos" de vital importancia para el sistema energético nacional.
Entre estos se destacan la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, cuyo reingreso al mercado eléctrico está previsto para 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), fundamental para garantizar la continuidad operativa de la Central Nuclear Atucha II.
Según el decreto, la privatización parcial busca "ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer la gestión bajo control estatal", en línea con la estrategia gubernamental de atraer inversión privada a sectores históricamente manejados por el Estado.
Antes de concretar la licitación pública, deberán realizarse una serie de transferencias accionarias. Energía Argentina S.A. (Enarsa) deberá ceder el 0,01% de su participación en su propio capital al Estado nacional en un plazo de 60 días, mientras que la CNEA tendrá que transferir el 1% de las acciones de NA-SA a la Secretaría de Energía antes de que se abra el proceso de venta. Actualmente, la estructura accionaria de Nucleoeléctrica Argentina está compuesta por el Ministerio de Economía con el 79%, la CNEA con el 20% y Enarsa con el 1%.
Esta configuración será modificada para concentrar la participación estatal en la Secretaría de Energía antes de avanzar con la licitación. La instrumentación del proceso contará además con la participación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, organismos que intervendrán en los aspectos laborales y patrimoniales de la operación.
La decisión representa un cambio significativo en la política nuclear argentina, un sector que desde su creación ha permanecido bajo control estatal exclusivo.
El desafío del Gobierno ahora será atraer inversores calificados dispuestos a participar en un negocio altamente regulado y de largo plazo, sin resignar el control estratégico que la legislación reserva al Estado.
