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El Gobierno hizo oficial el decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, al mismo tiempo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una resolución donde brindó detalles sobre la puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
La iniciativa, que había sido promulgada en el Boletín Oficial a comienzos de enero, busca incentivar el uso de los “dólares del colchón” que, según cálculos del Banco Central (BCRA) —citados por el ministro de Economía, Luis Caputo— oscilan en u$s 170.000 millones. Otras estimaciones hablan de cifras por encima de los u$s 200.000 millones; según INDEC, el stock de dólares fuera del sistema equivalía a u$s 253.919 millones al término del tercer trimestre de 2025.
“Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, expresó el titular de Hacienda, en respuesta a una publicación realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.
Aseguró que el ingreso de divisas en el sistema financiero permitiría acelerar fuertemente el crecimiento económico, así como “bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios”.
A través del Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo definió las pautas operativas para la Declaración Jurada Simplificada para el impuesto a las Ganancias, un esquema destinado exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Los contribuyentes, que en épocas de restricciones cambiarias optaron por atesorar sus dólares —adquiridos en el mercado blue—por fuera del sistema financiero, deberán adherirse al régimen simplificado para, en caso que así lo deseen, ir y depositar en el banco sus ahorros no declarados.
¿Cuál es el trasfondo del plan? Según expresaron distintas voces del oficialismo, el objetivo es que los “dólares del colchón” se vuelquen al consumo y contribuyan al desarrollo del mercado de capitales interno para que las empresas o el Ejecutivo tengan acceso a financiamiento, sin tener la necesidad de recurrir a los mercados internacionales de deuda.
Entre otros aspectos, la normativa destaca que el umbral de evasión simple se eleva a $ 100 millones y el de evasión agravada a $ 1000 millones. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años.
Dólares del colchón: qué documentación solicitarán los bancos a los contribuyentes
El principal requisito para depositar los dólares en el banco es estar adherido al régimen simplificado. Para ello, es menester que las personas humanas y sucesiones indivisas (residentes en el país) se inscriban de manera voluntaria y cumplan con los siguientes requisitos:
- Ingresos totales de hasta $ 1000 millones anuales.
- Patrimonio total de hasta $ 10.000 millones.
- No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.
De esta forma, los monotributistas quedaron excluidos de la normativa. César Litvin, abogado tributarista y CEO de Liski, Litvin & Abelovich, explicó que quienes integren Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes deberán “salir de su zona de confort” para pasar al régimen de Ganancias.
¿A qué se debe este semejante cambio? El monotributo es un sistema impositivo de inclusión social, que unifica el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias con los aportes jubilatorios y la obra social, ofreciendo una carga administrativa y tributaria mucho menor.
A través de la Resolución 5820/2026, ARCA informó que el servicio denominado “Sistema Registral”, opción “Ganancias PH Simplificada”, estará disponible para efectuar la adhesión y/o convalidación a partir del 11 de febrero de 2026, correspondiente al período fiscal 2025, con fecha de vencimiento de la declaración jurada el 11, 12 y 16 de junio según la determinación del CUIT.
La presentación y el pago en término del tributo—o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del impuesto a las Ganancias del período fiscal base. Además, el régimen incorpora la “presunción de exactitud”: serás inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Es decir, la información declarada se presumirá correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad. No obstante, ARCA podrá impugnar la declaración jurada si encuentra una discrepancia significativa o elementos objetivos y verificables, que surge cuando se detecta un 15% de omisión de impuesto o factura apócrifa.
En ese sentido, Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansion Business Argentina, aclaró que el decreto y la reglamentación conviven con los controles del sistema financiero (UIF/BCRA). “El propio decreto recuerda la lógica de trazabilidad del origen/destino de fondos y menciona intervención de organismos como CNV (y en los considerandos esa lógica de integridad/transparencia)”, señaló a El Cronista.
En esa misma línea, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, remarcó que los bancos “van a seguir analizando el perfil del cliente y aplicando una matriz basada en riesgos para detectar operaciones sospechosas”
Por ende, las entidades podrán solicitar algún tipo de justificación o documentación por normativa antilavado y compliance. “El Régimen Simplificado de Ganancias te da ‘tapón’ y presunciones en el plano fiscal, pero no elimina los deberes del banco”, agregó Fraga.
Asimismo, Domínguez precisó que la constancia digital de la adhesión al régimen de Declaración Jurada Simplificada (constancia de CUIT) “debe ser considerada como un antecedente favorable en la identificación en el monitoreo de operaciones”.
Según el decreto reglamentario, los inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el BCRA y/o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando la utilización de los referidos medios en el sistema financiero formal se produzca en el origen o en el destino de la operación involucrada.
De esta manera, los bancos van a seguir analizando el volumen de operaciones de los clientes, su actividad y diferentes cuestiones para comprobar si hay un tema de lavado de dinero.
“Ahí entran en juego políticas de compliance y normas de la UIF”, detalló Litvin. Aun así, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias ya pueden ir a los bancos a depositar sus dólares. “Tienen que llevar la constancia de adhesión. Año a año hay que renovarla”, resaltó.
¿Impacto inmediato?
Una de las grandes dudas es si los “dólares del colchón” impactarán de forma inmediata en la economía. El contrapunto es que, al no ser un blanqueo de capitales, dependerá en gran medida de la voluntad de los contribuyentes.
“El régimen no es una amnistía bancaria”, subrayó Fraga. La Declaración Jurada Simplificada no libera de impuestos no ingresados ni tampoco por incumplimientos en el pasado. Solo apunta a simplificar las tareas de determinación del impuesto.
“Va a haber mucha gente que quizás compre algunos bienes con dinero sin declarar, pero al no ser un blanqueo difícilmente se obtengan resultados semejantes”, consideró Domínguez.
Inocencia Fiscal: qué falta para que salgan a la cancha los “dólares del colchón”
El Régimen Simplificado de Ganancias ya fue reglamentado. Aun así, según detalló Diego Fraga, restan una serie de “micro-implementaciones” de índole bancaria: criterios internos, formularios y apetito de riesgo.
No obstante, las provincias también jugarán su cuota en la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal, dado que cada una de las jurisdicciones deberá modificar sus propios códigos fiscales y establecer normativas semejantes a la par de la declaración simplificada.
“Hay algo muy importante que podría hacer fallar el régimen y es el sistema perverso de retenciones y percepciones bancarias que establecen las provincias/CABA y que se materializa -principalmente- a través del SIRCREB. Debería salir alguna norma (como ocurrió en otros blanqueos) para permitir no aplicar este régimen, ya que el esfuerzo fiscal hecho por la Nación se desvanecería por la voracidad de las provincias”, apuntó el socio de Expansion Business Argentina.
A raíz de la publicación del decreto reglamentario, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, apuntó contra la Ley de Inocencia Fiscal.
“No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, señaló en un comunicado.
Asimismo, remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, consideró.
Por otro lado, el titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. “Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias”, sostuvo.
