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La batalla legal por el patrimonio de la familia Kirchner sumó un nuevo y decisivo capítulo. Cristina Kirchner, a través de su defensa técnica, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es taxativo: revertir la orden de decomiso que pesa sobre los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la condena por la Causa Vialidad.
Esta medida surge como respuesta directa a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y la posterior ratificación de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenaron la ejecución de activos para recuperar los fondos sustraídos al Estado mediante la defraudación en la obra pública de Santa Cruz.
El argumento de la defensa: ¿origen lícito o fruto del delito?
El abogado defensor, Carlos Beraldi, fundamentó el planteo ante la Corte sosteniendo que se ha incurrido en una “interpretación arbitraria” de la ley. Según la defensa, el decomiso —regulado por el Artículo 23 del Código Penal— solo debería aplicarse sobre bienes que sean producto directo del ilícito.
En el escrito, Beraldi señala tres puntos críticos:
- Violación del derecho de propiedad: sostiene que se están afectando activos de origen legítimo, adquiridos por Néstor y Cristina Kirchner de manera onerosa y previa a los hechos juzgados.
- Principio de Inocencia: la defensa argumenta que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en esta causa, por lo que el despojo de sus bienes resultaría inconstitucional.
- Falta de nexo causal: afirman que la fiscalía no ha logrado probar que estas propiedades específicas sean el “provecho” de la maniobra de defraudación por la que CFK fue condenada a seis años de prisión.
Radiografía de los bienes en disputa
El conflicto se centra en un conjunto de 19 inmuebles que la expresidenta cedió a sus hijos en concepto de adelanto de herencia. Este patrimonio, ubicado principalmente en la provincia de Santa Cruz, incluye:
- 10 departamentos en Río Gallegos.
- 2 casas en la capital santacruceña.
- Varios terrenos de alto valor inmobiliario en la zona de Lago Argentino (El Calafate).
Para la justicia, el valor total a recuperar asciende a una cifra astronómica: más de 684.000 millones de pesos. El TOF 2 validó que estos activos formen parte del recupero, ya que fueron transferidos o adquiridos dentro del período temporal en el que se desarrolló la maniobra delictiva.
Uno de los puntos más polémicos y técnicamente complejos del fallo de Casación es la extensión del decomiso a personas que no fueron condenadas. El tribunal estableció un precedente robusto: los bienes de origen ilícito pueden ser recuperados incluso si fueron transferidos a terceros a título gratuito o por vía hereditaria.
Bajo esta doctrina, no importa si Máximo o Florencia Kirchner no participaron del esquema de Vialidad; si el bien que recibieron proviene de fondos públicos desviados, el Estado tiene la potestad de reclamarlo para resarcir el daño patrimonial.
Es importante destacar que el recurso de queja es la “última instancia” procesal. Se interpone directamente ante la Corte Suprema cuando un tribunal inferior (en este caso, Casación) deniega el recurso extraordinario federal. Si la Corte rechaza este planteo, la ejecución de los bienes quedaría virtualmente firme.
