Un grupo de ex-auditores con mandato vencido de la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la función pública que todavía se mantiene paralizado por falta de acuerdo político, sigue en funciones a través de un "comité de asesores" en las sombras que cobra 8 millones de pesos.
Se trata de Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva, según pudo confirmar El Cronista de fuentes allegadas a la Auditoría. Los cuatro exmiembros designados por el peronismo y la UCR actualmente cobran como gerentes y se encargan de asesorar al único auditor que quedó en pie, el presidente Juan Manuel Olmos, próximo a renunciar para asumir ante la legislatura porteña por el PJ.
La creación de este ente anómalo se terminó de crear a partir del estancamiento de la AGN en abril de este año, cuando se vencieron los cuatro mandatos de los auditores designados por el Senado, pero ya había comenzado a gestionarse desde el año 2024, cuando se vencieron los cuatro lugares correspondientes a Diputados.
Jesús Rodríguez, quien fue presidente nombrado por la UCR hasta el 2020, y María Graciela De la Rosa, auditora formoseña nombrada por el PJ que terminó su mandato este año, son los únicos que no quisieron formar parte del comité. Tampoco Miguel Ángel Pichetto, quien dejó la vacante en 2024 para asumir como diputado nacional.
"Esto empezó en diciembre del 2024 como una trama oculta. Hubo una disposición que circuló, pero nunca se publicó en el digesto de la normativa interna", confiaron las fuentes allegadas a la AGN a este medio. "Funcionan como reyes sin corona y siguen teniendo gente en sus despachos", agregaron.
Las fuentes precisaron que Francisco Javier Fernández, uno de los más antiguos auditores designados por el peronismo, "echó a su mano derecha" por haber sido partícipe de la filtración de la disposición que creó el comité, aunque no había constancia de que él había sido el responsable de que se dé a conocer. Lo cierto es que esta fue girada a la comisión de administración para ser firmada y allí comenzó a circular. "Está bajo siete llaves", aseguran.
Según pudo reconstruir El Cronista, estos "asesores" no trabajan en la sede central de la AGN frente al Palacio Legislativo, sino que concurren a la sede de Hipólito Yrigoyen al 1236, el viejo tribunal de cuentas. Allí se los vio en estos días, por ejemplo, al mismo Forlón y, además, se los ve a los empleados que formaban parte de su gabinete y los trasladaron a campo.
¿Qué hacen? La justificación de su creación es que se encargan de asistir a Olmos en las cuestiones técnicas para que las auditorías continúen su proceso. Como la AGN no tiene auditores, los informes pueden ser avanzados pero nunca aprobados, puesto que las facultades delegadas al Presidente son solamente administrativas y ninguno de ellos puede firmar nada.
Sin embargo, al no estar formalizado el comité, no hay registro de sus funciones. El Cronista solicitó recientemente un pedido de acceso a la información pública que aguarda a ser atendido.
Las trabas que enfrenta la AGN
La Auditoría debería funcionar con siete miembros: tres auditores auxiliares elegidos por el Senado, otros tres por Diputados, y el Presidente. Cada uno tiene jurisdicción en distintas gerencias, que se encargan de trabajar en los informes, y luego ellos los votan. De aprobarlos, se elevan a la comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, actualmente dirigida por Pichetto.
Al haberse vencido los mandatos, no hay auditores para aprobar los informes y de allí la imposibilidad de completar su trámite. Como su designación depende de acuerdos políticos, desde el oficialismo apuntan a poder nombrarlos después del recambio legislativo: Karina Milei quiere que el apoderado del partido, Santiago Viola, entre por LLA.
También están en conversaciones con el senador salteño Juan Carlos Romero, el aliado del Gobierno que no se presentó para renovar su banca y desde el oficialismo consideran darle un lugar en la AGN como agradecimiento. Él es el que impulsa en el Senado la ampliación de la Corte Suprema de Justicia en un acuerdo con el peronista José Mayans, quien tiene su proyecto para ampliar la AGN.
"Es un proyecto para ampliar la rosca", definen en el organismo. En Diputados el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene un proyecto propio también en este sentido.
Según pudo saber El Cronista, desde la Cámara alta planean una sesión antes de que termine el año legislativo para avanzar en esas dos materias. En el medio, el peronismo también negocia en silencio con la Casa Rosada las vacantes en la Justicia, incluida la Corte, los jueces federales y el Procurador. Romero está también en esa conversación.
