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El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que la conducta de Manuel Adorni no encuadra en el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no cerró el caso: pidió que pase a la Justicia en lo Penal Económico, que deberá investigar si el exjefe de Gabinete evadió impuestos. La decisión final queda en manos del juez.
El dictamen, fechado este viernes, no es un sobreseimiento. El fiscal explicó que los hechos siguen teniendo relevancia penal, solo que bajo otra figura y en otro fuero.
Por qué para el fiscal no hay elementos suficientes
Todo giró alrededor de la explicación que Adorni presentó el 20 de septiembre. Su defensa sostuvo que invirtió unos u$s 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018, mucho antes de entrar al Gobierno, y que al venderlos obtuvo u$s 591.544 en dólares billete, que guardó fuera del sistema bancario.
Esa versión era clave porque, de ser cierta, explicaría los USD 402.578 que el matrimonio gastó durante la gestión (el 92,9% en efectivo) y la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos.
Para chequearla, la fiscalía hizo una prueba criptográfica el 1° de octubre y pidió un informe a la Policía Federal. Los resultados:
- Las ocho billeteras existen y tuvieron movimientos entre 2014 y 2018.
- Hoy las claves están en poder de la defensa, que pudo firmar mensajes válidos frente a los peritos.
- Los técnicos no pueden decir desde cuándo las controla ni si lo hace en forma exclusiva, pero tampoco hay forma de demostrar que fueran de otra persona.
- No se pudo identificar a quienes compraron esos bitcoins. Casi la mitad de los movimientos fueron entre direcciones anónimas, y el resto pasó por plataformas del exterior que ya no conservan registros.
El fiscal también revisó los ingresos del matrimonio desde que cumplieron 18 años. Según ANSES y ARCA, sus sueldos en blanco hasta 2014 suman unos u$s 335.000, así que invertir u$s 200.000 no es imposible.
“No se ha podido descartar” que el dinero se formara entre 2014 y 2018, resumió Pollicita, y tampoco se pudo vincular el monto con un acto de gobierno, un soborno o alguna fuente ilegal ligada al cargo. Como esa prueba no alcanza para sostener la acusación, el enriquecimiento ilícito no se sostiene.
Duras críticas, pero otro delito
Pollicita no fue indulgente con Adorni. Señaló que sus declaraciones juradas no reflejaron su patrimonio real desde que asumió y que recién las corrigió el 10 de junio de 2026, con la causa ya abierta. Recordó que meses antes, en conferencias de prensa y ante Diputados, el funcionario había dicho que estaba todo declarado y que “nunca existió ocultación alguna”.
Para el fiscal, ese comportamiento fue “incompatible con la transparencia exigible” a alguien de ese rango, aunque aclaró que una cosa es el reproche ético y otra el alcance penal.
También apuntó a una contradicción: Adorni informó a Binance un patrimonio de unos u$s 250.000 y una renta de u$s 50.000 que nunca figuraron en sus declaraciones ante el Estado.
Por qué ahora se investiga como evasión
El giro viene de la propia defensa. Al explicar el origen de los dólares, reconoció que los ahorros se guardaron durante años en efectivo, “por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA”.
Para Pollicita, eso abre la puerta a una evasión de impuestos como Ganancias y Bienes Personales: los ingresos profesionales que habrían financiado el Bitcoin, la venta de esos activos y los dólares guardados nunca se habrían informado al fisco hasta 2026. El fiscal vio indicios de ocultamiento, como la omisión durante años, los pagos casi siempre en efectivo, la intervención de terceros y la declaración tardía de los fondos.
Quedan en la mira también los préstamos familiares que Adorni declaró, de los que no hay pruebas de que el dinero se haya entregado, y las demás irregularidades que el fiscal consideró fallas formales en la documentación del patrimonio.
Pollicita pidió además que la Justicia Penal Económica investigue a los desarrolladores Leandro Miano y Pablo Feijoo y al contratista Matías Tabar, quienes admitieron en sus testimoniales haber operado fuera del control impositivo. Tabar es quien recibió u$s 245.000 en efectivo del matrimonio por la remodelación de la casa, aunque la defensa dice que fueron unos u$s 175.000.
El fiscal también pidió que el Colegio de Escribanos revise la actuación de la notaria Adriana Nechevenko en las operaciones investigadas.
