El Gobierno giró el pasado jueves finalmente el proyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir a la modalidad simplificada de declaración jurada de Ganancias.
Si bien se trata de una de las herramientas clave para el ministro Luis Caputo, la dinámica legislativa no asoma un camino sin obstáculos para que el oficialismo consiga la llave de la sanción rápidamente.
La iniciativa, remitida a la Cámara de Diputados, llega en medio de un fuerte cuestionamiento opositor. Su aprobación original se consiguió a la madrugada y con los números justos, por lo que los números no están sobrados para el segundo round del proyecto.
Tal como contó El Cronista, ya distintos bloques presentaron proyectos para excluir a funcionarios públicos y sus familiares del beneficio fiscal, después de que el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti se adhirieran al régimen en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
“Si no cambia lo de PEP (Personas Políticamente Expuestas) y el control del fisco me parece difícil (que apoyemos)”, sujetó de entrada una diputada de diálogo fluido con el oficialismo, pero que votó en contra del régimen la primera vez que se votó en el Congreso. “Eso es una vergüenza”, agregó en referencia a que los funcionarios tengan permitido acceder al régimen.
El diputado nacional Esteban Paulón había presentado semanas atrás un proyecto para excluir de manera taxativa del régimen a funcionarios públicos y sus familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad, incluyendo presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, legisladores, jueces y embajadores, entre otros cargos. En el Senado, la senadora nacional Juliana Di Tullio, de Popular, impulsa un proyecto en el mismo sentido.
Tras conocerse que el nuevo proyecto oficial no incorporó esa exclusión, Paulón escribió en la red social X: “Siga, siga el festival de impunidad”. El legislador sostuvo que el Gobierno “pretende incluir apolíticos, funcionarios y familiares en el blanqueo permanente”.
Además de Adorni y su esposa, otros funcionarios y figuras del oficialismo se acogieron al régimen. Entre ellos, figuran el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el exdiputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, investigado por vínculos con el narcotráfico; el cineasta libertario Santiago Oría; el titular de la propia ARCA, Andrés Vázquez, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento del régimen que él mismo integra como adherente; y Felipe Núñez, director del Banco de la Nación Argentina (BNA) y asesor directo de Caputo.
Desde un bloque aliado al oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa al sostener que la situación impositiva ante ARCA no guarda relación con las causas penales por enriquecimiento ilícito o lavado de activos que puede enfrentar un funcionario, y que la Unidad de Información Financiera (UIF) mantiene sus facultades de control independientemente de la adhesión al régimen simplificado.
“No tiene nada que ver que tengas bien ARCA con la causa penal. Si sos funcionario te comés la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, no tiene ningún beneficio salvo el fiscal”, sostuvo el legislador. “El tapón es para la AFIP, la UIF te sigue mirando y te puede denunciar, además de que cualquiera te puede denunciar además solo por la declaración jurada. Meten una cosa que no tiene que ver con la otra”, sumó.
Desde el propio oficialismo, por caso, no creen que vayan a tener dificultades con la intención de aprobar el proyecto en sí, pese a que se vuelva a abrir el debate por Adorni: “Va a salir”, aseguraron fuentes del bloque tras la presentación del ministro de Economía. La Libertad Avanza, por ahora, tiene sus más grandes reformas trabadas en la agenda, y la Mesa Política apuesta a que el segundo semestre acelere las iniciativas.
Quiénes votaron a favor
Para dimensionar el escenario legislativo avecina para la segunda versión de Inocencia Fiscal, resulta clave repasar cómo se aprobó la versión original de la ley. La media sanción en la Cámara de Diputados se dio el 17 de diciembre de 2025, con lo justo: 130 votos afirmativos, 107 negativos, 2 abstenciones y 16 ausencias.
El oficialismo sumó el respaldo unánime de los bloques de LLA, el PRO y la UCR, además de los legisladores de los espacios provinciales que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Unión por la Patria concentró la mayor parte de los votos negativos, con 86 en contra y 7 ausencias, mientras que Provincias Unidas votó mayoritariamente en contra, con la excepción del diputado Sergio Capozzi, de Río Negro.
En el Senado, la ley se convirtió en norma el 26 de diciembre de 2025 con números más holgados: 43 votos afirmativos y 26 negativos. Los bloques de LLA, la UCR y el PRO aportaron la totalidad de sus votos, a los que se sumaron los espacios de los gobernadores Sáenz, Jalil, Passalacqua y Jaldo, además del voto afirmativo del senador correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas.
Los votos negativos provinieron de los bloques Justicialista, Frente Cívico por Santiago, Convicción Federal y Justicia Social Federal. Ese mismo esquema de alianzas es el que el oficialismo espera repetir para lograr la aprobación de la reforma que ahora ingresó a Diputados, con la expectativa de convertirla en ley durante agosto.
Inocencia Fiscal II: qué dice el proyecto
El proyecto consta de tres títulos. El primero modifica las leyes 11.683 y 27.799 para redefinir el concepto de “discrepancia significativa”, el mecanismo que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a impugnar la declaración jurada simplificada y hacer caer la presunción de exactitud.
Según el texto, esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% de lo declarado; cuando la diferencia supere el monto fijado por el Régimen Penal Tributario; o cuando exista uso de facturas apócrifas o cómputo improcedente de ingresos.
El texto incorpora, además, un umbral mínimo del 5% del monto del régimen penal tributario por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa, aun cuando se supere el 15%.
La iniciativa también dispone que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por la modalidad simplificada, sin los límites de ingresos y patrimonio vigentes hasta ahora. Los Grandes Contribuyentes Nacionales podrían adherir solo a los efectos de que ARCA les preliquide el impuesto, sin acceder a las presunciones ni beneficios del régimen.
Se prevé además un mecanismo de reintegro en 45 días hábiles para los casos en que una impugnación de ARCA sea revocada en sede administrativa o judicial, y se limita el uso de ciertas presunciones del artículo 18 de la Ley 11.683 a un carácter meramente indiciario. El segundo título, por su parte, actualiza las escalas de multas por infracciones laborales en el sector rural previstas en la Ley 25.191, con ajuste anual automático por UVA a partir de 2027.
El ministro Caputo había presentado los lineamientos del proyecto el miércoles, en una conferencia de prensa junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y un grupo de tributaristas convocados por el equipo económico. El funcionario sostuvo que el espíritu de la norma “no cambia absolutamente nada” y que el objetivo es que quienes informalizaron sus ahorros por las restricciones cambiarias “los formalicen en el sistema bancario sin ninguna penalidad”.
Remarcó también que tener los dólares fuera del sistema financiero “es muy mal negocio”, y afirmó que el nuevo texto surgió de una mesa de trabajo con asesores tributarios tras las dudas generadas por la primera versión de la ley. Según datos oficiales, unos 330.000 contribuyentes se adhirieron hasta el momento al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, aunque solo 170.115 presentaron efectivamente su declaración.
