En medio de las tensiones internas que atraviesa la Dirección General de Aduanas (DGA), el Gobierno decidió modificar uno de los principales cambios que había impulsado al comienzo de la gestión para facilitar las importaciones por courier.
A través de una resolución firmada por el director general de Aduanas, José Velis, el organismo dejó sin efecto las habilitaciones que permitían a los depósitos fiscales privados operar con empresas de courier internacional y dispuso que las mercaderías vuelvan a canalizarse desde las jurisdicciones aeroportuarias. En la práctica con eje en la futura Terminal Única Courier (TUC) de Ezeiza.
Hasta el momento, las principales empresas del sector mantienen reserva sobre el alcance operativo de la resolución mientras analizan su implementación. Pero la medida no cae bien ya que las firmas concretaron inversiones para adecuar sus plantas y ahora no obtendrán los mismos volúmenes, lo que genera un impacto económico negativo.
En paralelo, representantes gremiales también comenzaron a expresar preocupación por el impacto que podría tener la concentración de las operaciones en Ezeiza, donde advierten limitaciones de infraestructura y personal.
La trastienda de la resolución
La decisión se conoce apenas días después de que recrudecieran los rumores sobre la continuidad de Velis al frente de la Aduana y en un contexto de diferencias internas respecto del funcionamiento del régimen courier, una de las herramientas que el Gobierno impulsó desde el inicio de la gestión como parte de su política de desregulación del comercio exterior.
En los fundamentos de la resolución, firmada el martes Vélis, la Aduana reconoce que el sistema registró un “incremento exponencial del volumen de operaciones”, lo que derivó en una mayor utilización de depósitos fiscales y terminó dificultando “la adecuada verificación física y documental de las mercaderías”.
Como respuesta, el organismo sostuvo que resulta necesario volver a concentrar las operaciones para preservar el correcto funcionamiento del régimen y mejorar los controles y fundamenta el cambio en la necesidad de adecuar el régimen courier a la realidad operativa actual y asegurar una intervención más eficiente del servicio aduanero.
La norma también establece que las autorizaciones otorgadas a depósitos fiscales para operar courier quedarán sin efecto y que los espacios destinados a esa actividad deberán desocuparse en un plazo de treinta días corridos.
Los trámites que ya se encuentren en curso continuarán hasta su finalización en las jurisdicciones donde actualmente se encuentren las mercaderías.
El cambio representa un giro respecto del esquema que se había consolidado en los últimos meses, cuando las empresas de courier internacional comenzaron a desconsolidar envíos directamente en depósitos fiscales habilitados, una modalidad que permitió ampliar la capacidad operativa del sistema frente al crecimiento de la demanda.
Según distintas fuentes vinculadas al sector privado, el fuerte aumento de las operaciones también derivó en investigaciones sobre presuntas maniobras irregulares, incluso de narcotráfico, lo que reabrió el debate interno sobre el equilibrio entre la política de desregulación y las facultades de fiscalización de la Aduana.
También menciona la próxima habilitación de la Terminal Única Courier (TUC), que centralizará la recepción de las mercaderías ingresadas bajo este sistema.
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