Con 42 votos afirmativos y 30 en contra, el Senado aprobó el proyecto de modernización laboral de Javier Milei. Para conseguir la mayoría, el Gobierno habilitó más concesiones de último minuto, con gestos a sindicatos, bancos, y empresas. Los funcionarios siguieron de cerca las negociaciones desde el Palacio Legislativo, y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se impuso como la cara de la victoria.
Los árbitros de la votación fueron los gobernadores, que ganaron primero la batalla por los cambios impositivos. El oficialismo consiguió el respaldo completo de todos los bloques aliados, incluidos los partidos provinciales que dirigen los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rolando Figueroa (Neuquén) -quien estuvo pasilleando por el Congreso para negociar-.
No obstante, desde estas provincias adelantaron que no se van a alinear con todos los títulos en la votación en particular, que a priori sería por títulos.
El peronismo se mantuvo unido en rechazo del proyecto, junto con los senadores de Convicción Federal, cercanos a los mandatarios aliados Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) y confrontados con La Cámpora. “Prometieron que se van a distanciar del bloque de ahora en más, pero en esta no. Igual, no los necesitábamos”, opinó al respecto una alta fuente del oficialismo ante El Cronista.
Entre ellos también se sumó en contra el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, pese a que consideró que las modificaciones al texto fueron positivas. A ese grupo en contra se sumó la dupla santacruceña, la cual estuvo toda la jornada indecisa sobre cómo votar. Si bien se predisponían en afirmativo con los cambios a favor de los sindicatos, no fue suficiente y la presión del gobernador Claudio Vidal no bastó para sumar los botones verdes de José María Carambia y Natalia Gadano.
En los palcos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, observaron la votación expectantes. Llegaron al Palacio cerca de las 22, durante los cierres del debate, y se reunieron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hasta la hora de la votación.
En el cónclave también estuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, quienes además siguieron de cerca las negociaciones durante toda la jornada de sesión. El ida y vuelta de los miembros de la Mesa Política entre despachos para seguir el poroteo de los votos fue permanente hasta último momento.
Bullrich ganó la pulseada
La jornada maratónica terminó con Bullrich como la cara de la gran primera victoria legislativa del Gobierno desde el recambio legislativo de diciembre. El Cronista supo que la jefe de bloque se mensajeó durante la tarde con el Presidente Milei, quien siguió la sesión desde la Quinta de Olivos, atento al rumbo de la negociación, mientras se preparaba para salir virtual en el evento de Mar a Lago.
La exministra de Seguridad fue quien esta semana tomó el control del acuerdo para destrabar los puntos sensibles. Pese a que en la Mesa Política, como contó El Cronista, algunos se mostraban predispuestos a perder votaciones ante un principio de revelación, Bullrich quería evitar que se caiga un capítulo como sucedió con el tratamiento del Presupuesto 2026.
Para eso, puso sobre la mesa modificaciones en casi 50 artículos que le costaron, ante todo, batallas que intentó dar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Estas concesiones no se dieron sin reproches internos. En diálogo con este medio, fuentes del Ejecutivo reclamaron que algunos de los cambios que determinaron ya en la conferencia de prensa del lunes no eran representativos del Gobierno, en un intento de delegar la responsabilidad de esas modificaciones al Poder Legislativo.
Si bien las fuentes reconocieron que no fueron “intempestivas”, cada uno tuvo un rol delimitado y éste fue respetado. “La trajeron acá para esto”, defendían sus allegados.
El punto que más conflicto generó fue el artículo que bajaba las alícuotas del Impuesto a las Ganancias y que las provincias alegaron que afectaría sus recursos coparticipables. El tema fue eliminado y postergado para una próxima reforma tributaria integral.
Sin embargo, aún con eso fuera de la mesa, las tensiones continuaron con relativas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las cajas sindicales, las billeteras virtuales y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Los últimos cambios en el proyecto
- Aportes obligatorios
Mientras que la movilización de los gremios en las afueras del Palacio era repudiada por Bullrich y funcionarios en redes, adentro del Congreso el oficialismo negoció darle otro gesto a los sindicatos y eliminó el vencimiento a dos años para los aportes “solidarios” y mantener intacta su caja. Hicieron lo propio también con los aportes patronales, aunque en ambos casos se mantuvo un tope de distribución (2% para los gremios y 0,5% para las Cámaras). Originalmente, el Gobierno quiso hacer que los aportes sean voluntarios.
- Impuesto a las Ganancias
Se eliminó por completo el artículo que reducía la alícuota de Ganancias para sociedades de los tramos 2 y 3. Esta fue una exigencia de los gobernadores para evitar la caída de la masa coparticipable y el Gobierno definió volver a presentar una propuesta en el marco de una reforma tributaria integral.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
El esquema de indemnizaciones se modificó para segmentar el aporte patronal. Mientras que el proyecto original planteaba un 3% uniforme, el texto actual establece un 1% para grandes empresas y un 2,5% para Pymes, con la facultad del Ministerio de Economía de subirlo hasta 0,5 puntos para mantener el déficit cero. No obstante, la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados se encargará de controlar su funcionamiento y aprobar esta reducción en las contribuciones. Mientras, el Ejecutivo por ahora se resguarda los detalles de la reglamentación sobre cómo se invertirá.
- Agentes de retención
En otro gesto para los gremios, se dio marcha atrás con eliminar la obligatoriedad para que los empleadores sean agentes de retención automáticos. Además, se mantuvo el aporte patronal a las obras sociales en el 6% (el proyecto original buscaba bajarlo al 5%).
- Asambleas
la limitación de las asambleas de las asociaciones sindicales -que deberá requerir autorización del empleador y no podrá afectar el normal desarrollo de las actividades de la empresa- finalmente no aplicará para quienes no tengan al día el cumplimiento del pago de haberes.
- Postergación del cierre de organismos de Cultura
La eliminación del fondo de financiamiento del INCAA se postergó hasta el 1 de enero de 2028. Originalmente, el Gobierno pretendía su desfinanciamiento inmediato.
- Billeteras virtuales
Se eliminó la habilitación de las “billeteras virtuales” para el pago de haberes, algo que desató una guerra entre las Fintech y los bancos. El texto, que representaba otra de las batallas de Sturzenegger, fue modificado para restringir esta facultad exclusivamente a entidades bancarias.
Los negociadores alegaron que la seguridad de que el Banco Central (BCRA) respalde las cuenta sueldos de los bancos y no así de las billeteras era le punto central y que esperan una resulocuón de la entidad para comenzar a cambiarlo y fijar condiciones. Esto fue resentido por el PRO en la Cámara de Diputados, que sacó un comunicado criticando esta modificación.
- Estatuto del periodista
Originalmente el proyecto del Gobierno buscaba la derogación inmediata y total de estos regímenes especiales para que los trabajadores de prensa pasaran a regirse automáticamente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) general. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo postergar la fecha de vencimiento hasta el 1 de enero del 2027.
El traspaso del fuero laboral, por la ventana
Otro punto clave del proyecto es que el oficialismo incorporó como anexo el convenio de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero creado por la Ciudad de Buenos Aires, en una pulseada del Gobierno para presionar a los jueces laborales. La vicepresidente Victoria Villarruel intentó frenar esta avanzada y, durante el día, los magistrados fueron al senado para reunirse con Bullrich y los radicales, pero hubo acuerdo macro para aprobar el convenio.
“Villarruel nos trajo a los jueces”, se reía un integrante de La Libertad Avanza. El convenio de transferencia de competencia, tal como contó este medio, ingresó al Senado este martes. El oficialismo consiguió los votos para aprobar el convenio en la sesión y apurar la deuda constitucional.
El vacío legal para configurar estos fueros locales en la Ciudad generó obstáculos en los procedimientos judiciales: El Cronista detalló el trasfondo del conflicto. No obstante, además de suplir esa exigencia de la Constitución, al oficialismo le interesaba puntualmente definir este conflicto de competencias en atajo a las posibles judicializaciones de la reforma laboral.
Para que se oficialice la transferencia de competencias, el convenio también deberá ser aprobado por la legislatura porteña. El efecto, una vez concretado, implicará que las causas laborales pasarán a ser tratadas por los juzgados locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no por los fueros nacionales, que mantendrán igual competencia sobre determinadas materias “residuales”.
Para crear este fuero -que también fue aprobado por ley a nivel local- la Ciudad deberá seleccionar a los jueces del nuevo fuero y garantizar sus recursos en un plazo de 180 días, según el acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y el jefe de gobierno, Jorge Macri. De parte del Ejecutivo, Milei designó a Adorni para llevar a cabo las gestiones.
