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Este miércoles a partir de las 11 el Senado comenzó a sesionar por el proyecto de modernización laboral y se encamina a aprobarlo con más de 40 votos, según los cálculos del oficialismo. Para conseguir la mayoría, la senadora Patricia Bullrich habilitó una serie de concesiones de último minuto, mientras que los funcionarios siguen de cerca la negociación desde el Palacio Legislativo.
El quórum se consiguió con 38 bancas: los únicos que no aportaron con presencias fueron los senadores del peronismo y los dos santacruceños que, hasta ahora, no le garantizan el voto al Gobierno. Los árbitros de la votación serán los gobernadores, quienes ganaron la pulseada por los cambios impositivos, y se encaminan a apoyar también la votación en particular, que será por títulos.
Tras destrabar el conflicto por el Impuesto a las Ganancias, durante la jornada de sesión siguen las negociaciones relativas a precisiones sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y a los aportes obligatorios. Mientras que la movilización de los gremios en las afueras del Palacio es repudiada por Bullrich y funcionarios en redes, adentro del Congreso fuentes confirmaron a El Cronista que el oficialismo sacará directamente el vencimiento a dos años para los aportes “solidarios” y, así, proteger la caja de los sindicatos.
La cúpula ministerial de la negociación se encuentra activa en el Congreso. Tanto el ministro del Interior, Diego Santilli, como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, se instalaron en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para asegurarse los votos. El pasilleo continuó vivo pese a la certeza por la mayoría, y los funcionarios se cruzaron el salón de Pasos Perdidos para ir y volver del Senado durante la tarde.
“No van a haber sorpresas”, aseguró una fuente al tanto de las conversaciones en diálogo con El Cronista, aunque reconocen que se mantienen cautos por cualquier sobresalto. Se lo vio por los pasillos también al mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, quien controla la banca de Julieta Corraza en la Cámara alta.
La jornada maratónica de aproximadamente 14 horas esperan que termine con la senadora Bullrich como la cara de la primera victoria legislativa absoluta del presidente Javier Milei después del recambio legislativo de diciembre. Por caso, fue la que tomó el control de la negociación para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el Presupuesto 2026 y la caída del capítulo XI.
La Mesa Política, tal como contó este diario, fue reacia a aceptar modificaciones del texto y más de un integrante se había mostrado dispuesto a revivir la escena del principio de revelación, aunque implicara arriesgar la caída el capítulo fiscal de la reforma laboral. El Cronista pudo reconstruir de fuentes del oficialismo que para destrabar los puntos sensibles, Bullrich se impuso frente a los ministros para aceptar los cambios y que la aprobación sea completa.
Si bien la exministra de Seguridad comunicó que en total eran 28 los artículos modificados, las concesiones continuaron a última hora del martes. Los textos a los que pudo acceder este medio denotan cambios en 49 artículos del proyecto laboral, con guiños a los sindicatos, los bancos y las provincias.
Los cambios en el proyecto
- Impuesto a las Ganancias: Se eliminó por completo el artículo que reducía la alícuota de Ganancias para sociedades de los tramos 2 y 3. Esta fue una exigencia de los gobernadores para evitar la caída de la masa coparticipable y el Gobierno definió volver a presentar una propuesta en el marco de una reforma tributaria integral.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El esquema de indemnizaciones se modificó para segmentar el aporte patronal. Mientras que el proyecto original planteaba un 3% uniforme, el texto actual establece un 1% para grandes empresas y un 2,5% para Pymes, con la facultad del Ministerio de Economía de subirlo hasta 0,5 puntos para mantener el déficit cero. No obstante, la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados se encargará de controlar su funcionamiento y aprobar esta reducción en las contribuciones. Mientras, el Ejecutivo por ahora se resguarda los detalles de la reglamentación sobre cómo se invertirá.
- Aportes obligatorios: las cuotas “solidarias” a los gremios finalmente se mantendrán, pero con un tope del 2% de la remuneración del trabajador. Además, a partir del 1 de enero del 2028 pasarán a ser voluntarios. No obstante, este último punto puede ser directamente eliminado, por presión sindical. Lo mismo con los aportes patronales: se mantendrán por dos años y con un tope del 0,5%. Se tratan de dos concesiones que resistió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
- Agentes de retención: Se dio marcha atrás con la obligatoriedad de una “autorización previa expresa” del trabajador para el descuento de la cuota sindical. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención automáticos. Además, se mantuvo el aporte patronal a las obras sociales en el 6% (el proyecto original buscaba bajarlo al 5%).
- Asambleas: la limitación de las asambleas de las asociaciones sindicales -que deberá requerir autorización del empleador y no podrá afectar el normal desarrollo de las actividades de la empresa- no aplicará para quienes no tengan al día el cumplimiento del pago de haberes.
- Postergación del cierre de organismos de Cultura: La eliminación del fondo de financiamiento del INCAA se postergó hasta el 1 de enero de 2028. Originalmente, el Gobierno pretendía su desfinanciamiento inmediato.
- Billeteras virtuales: se eliminó la habilitación de las “billeteras virtuales” para el pago de haberes, algo que desató una guerra entre las Fintech y los bancos. El texto modificado restringe esta facultad exclusivamente a entidades bancarias, una concesión directa al lobby del sector financiero y a sectores gremiales que exigían mayor control bancario. Esto fue resentido por el PRO en la Cámara de Diputados, que sacó un comunicado criticando esta modificación.
- Estatuto del periodista: originalmente el proyecto del Gobierno buscaba la derogación inmediata y total de estos regímenes especiales para que los trabajadores de prensa pasaran a regirse automáticamente por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) general. Ante la presión de los bloques aliados, el oficialismo postergar la fecha de vencimiento hasta el 1 de enero del 2027.
