El Gobierno afirmó ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que cumplirá con una eventual sentencia en contra en el litigio que mantiene con los holdouts, para asegurarse así la permanencia de la medida cautelar que beneficia al país y mantiene a salvo del embargo judicial a los pagos de deuda regularizada.
De esta forma, el Ejecutivo dio marcha atrás con el cambio voluntario de jurisdicción de bonos que había anunciado la presidenta, Cristina Fernández, por cadena nacional el 26 de agosto último para evitar embargos a la deuda reestructurada, confirmaron fuentes oficiales.
La semana pasada, el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Fabián DallO, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el que se comprometió personalmente, bajo pena de perjurio, a garantizar que la Argentina cumplirá con lo que dictamine la justicia de Estados Unidos en la causa contra NML Capital y otros fondos, por u$s 1.500 millones.
Según adelantó Infobae, DallO, confirmó que la República continúa actuando en concordancia con la declaración de Francisco Guillermo Eggers, el director de la Oficina Nacional de Crédito Público del Palacio de Hacienda. Ante el juez de primera instancia Thomas Griesa, Eggers había jurado que el país acataría un eventual fallo en contra, el 16 de noviembre de 2012.
Luego, la Corte de Apelaciones confirmó el fallo de Griesa y conminó al país a pagar a los buitres u$s 1.500 millones entre capital e intereses. El fallo ataba los pagos a la deuda regularizada: si el país no pagaba, podían embargarse fondos destinados a los bonistas con títulos reestructurados. Con una cautelar o stay, Apelaciones dejó su fallo en suspenso hasta que la Corte Suprema estadounidense termine de definir el proceso. Al Gobierno aún le queda una apelación al máximo tribunal.
Pero Cristina, por cadena nacional, dijo que el país buscaba sortear los posibles embargos con un cambio de jurisdicción de bonos voluntario. Quienes tuvieran títulos bajo legislación de Nueva York, dijo, podrían cambiarlos por otros de ley argentina, no alcanzados por la justicia estadounidense. El cambio estaba supeditado a lo que definiera la Corte Suprema. Con ese argumento, los fondos buitre pidieron a Apelaciones que levantara la cautelar que beneficia al país. Ahora la operación fue descartada, para pedirle a Apelaciones que no levante la cautelar, con la que el país estará a salvo durante varios meses más.
