En medio del control de gastos para cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ratificó en 1,9% del PBI, el Estado nacional dilató el 40% de los pagos de bienes y servicios según plantearon las empresas que los proveen y los atrasos llegan en algunos casos extremos hasta los dos años.

El déficit fiscal estimado por los economistas para este año llega al 2,5%/PBI mientras que el Gobierno acordó con el Fondo mantener la meta inicial, lo que genera recortes en subsidios, en la masa salarial pública a la vez que uno de los recursos es 'pisar' los pagos en los contratos estatales o en la obra pública.

En base a los datos de la Tesorería General de la Nación y los monitoreos publicados por el propio Estado y por el Congreso, desde la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) que, del total de la deuda flotante, el 40% pertenece a compras de bienes y servicios efectuadas al sector privado. "En cuanto a la mora, existen deudas de 2022, también reclamos de deudas de 2021, y en mayor número de agosto de 2022 en adelante", precisaron a El Cronista.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que tiene como asociados a los proveedores, envió una nota al jefe de Gabinete Agustín Rossi advirtiendo sobre los problemas que genera la mora, donde también apuntan sobre los problemas que el dólar importador genera en el pago de fletes, en el marco del SIRASE.

La Cámara denuncia que la deuda es "una forma de financiamiento del Estado con el sector privado" y señala que el proveedor anticipó impuestos por las facturas pendientes, mientras que además los contratos no se reajustan por inflación en casos de mora.

"Existen retrasos significativos en el pago de los contratos finalizados, con facturas que se encuentran en TGN desde el mes de febrero de este año y algunas del año anterior, respecto de contratos que no tienen cláusula de reajuste, lo que representa una ruptura de la ecuación económica en perjuicio del proveedor", explicó Irma Rosales, presidenta de UAPE.

En cuanto a los sectores más afectados, Rosales detalló que los más atrasados son los pagos de las áreas de fuerzas de seguridad y federales, mientras que el comunicado alude a las dificultades en el sector de salud, donde el problema por ejemplo son los reactivos de diagnóstico e insumos que son importados, sujetos a SIRA automáticas -ya que se trata de un segmento prioritario- pero que "también tienen una demora".

Dólar importador, SIRA, fletes e impuesto PAIS

Las proveedoras apuntaron a "las trabas en las importaciones". En el caso de los reactivos de diagnóstico citaron los destinados a los programas nacionales y provinciales de control y lucha de enfermedades como hepatitis, HIV, cáncer y controles del recién nacido, entre otros.

"Existen procesos donde se ve imposibilitado el cumplimiento por las restricciones para importar insumos derivadas de las medidas del propio Estado, con el agravante que el no cumplimiento puede implicar multa y/o sanción, y hasta suspensión del proveedor", agregó la titular de UAPE.

En la última semana suman, en tanto, "dificultades para los pagos de fletes internacionales, ya que su pago, como servicio, fue incluido dentro de las SIRASE", agregaron sobre el sistema de autorización para importaciones de servicios, que sumó también un recargo de 7,5% de impuesto PAIS en el marco del "dólar importador" acordado con el FMI para "armonizar" tipos de cambio sin 'devaluar'.

En ese sentido, el comunicado advierte que "el decreto 377/23 ha introducido drásticos cambios en las condiciones de los contratos ya en ejecución, que se insiste, podrían derivar en incumplimientos generados por la propia norma".