En economía, las reformas estructurales no están pensadas para legislar las situaciones excepcionales. Tienen que estar contempladas, desde ya. Pero su propósito es generar reglas que puedan darle previsibilidad y razonabilidad a los esquemas legales y tributarios.
Si una corrección o modernización genera demasiada polémica, es evidencia de una falla previa, ya que los períodos de rigidez a la larga son contraproducentes para todos los actores.
Es lo que sucede cada vez que se aborda la cuestión previsional, el rediseño de la coparticipación o la modernización de las instituciones laborales. Un país que tiene más de 40% de empleo en negro debería plantearse con más frecuencia mecanismos de actualización. Pero es evidente que se ha acostumbrado a que las soluciones provengan más del Estado que del sector privado.
Lo que sucede es que nadie asume que ese camino es inconducente hasta que los recursos públicos se acaban. El resultado es que el mercado se ajusta de hecho, y si la Argentina hoy no tiene una cifra de desempleo abierto más alta es porque la precarización laboral ganó la batalla.
Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta a partir de esta reforma, es que muchas de las actualizaciones que ahora quedan habilitadas se ejecutaban a espaldas de la legislación, como las vacaciones fraccionadas o el pago en cuotas de las indemnizaciones.
El nuevo Fondo de Asistencia Laboral tiene como sentido evitar que un trabajador se quede sin indemnización si su empresa cierra total o clausura operaciones. Hoy el camino era aceptar la cuota o ir a un juicio, donde la chance de cobrar algo siempre iba a ser parte de un proceso de años, no de meses.
En cualquier conversación con un empresario (grande, mediano o pyme) queda en claro que la resistencia a tomar personal está ligada a la eventualidad de reclamos judiciales que se vuelven millonarios.
No es el riesgo país o la inflación el determinante que frena la mejora del mercado laboral -en una economía en caminos de normalización, por si hace falta aclarar- sino la incertidumbre sobre los vínculos y el temor a perder todo el capital por una sentencia desafortunada.
Ahora, la ley que discutirá mañana el Senado tiene casi 200 artículos. Es mucha tela para cortar, y si llegar a un consenso es complejo, en parte es por la resistencia de los protagonistas a haber aceptado adecuaciones parciales.
Sin duda, hubiera sido menos traumático un proceso más gradual. Pero como se ve, la combinación de instituciones rígidas con las distorsiones que en forma recurrente habilitó la Justicia terminan por demandar cambios más profundos.
Las leyes no se escriben en piedra. Lo que se vote este año se puede modificar si no funciona. Pero suena ilógico rechazar el cambio sin darle la chance a una reforma que, de mínima, menos permita blanquear y darle derechos a quienes hoy tienen un empleo informal.
