Actualmente, la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina le fija a la institución cuatro objetivos en pie de igualdad: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Cuando se discute reformarla para dejar como único objetivo la preservación del valor de la moneda, suele aparecer una objeción: ¿no es eso desentenderse del problema del empleo o del desarrollo económico? La respuesta es que no, y conviene explicar por qué, ya que hay dos debates distintos que se mezclan todo el tiempo… a veces sin darse cuenta y a veces a propósito.

Dos preguntas, una sola

Hay una pregunta legítima, sobre la que caben posturas ideológicas distintas: ¿debe el Estado intervenir para promover el empleo o para redistribuir la riqueza con criterios de equidad social? Hay quien puede pensar que sí, que el Estado tiene un rol activo que cumplir en esas áreas.

Otro puede pensar, como quien escribe, que el Estado debería tener un rol mucho menos protagónico en la economía y ceñirse a participar únicamente en áreas particulares. En medio de estas dos grandes posturas, existen otro montón de opiniones. Es una discusión de fondo: económica, política, filosófica y hasta moral.

Pero hay una segunda pregunta, completamente distinta, que no depende de la primera: en caso que la mayoría de la sociedad elija que el Estado se ocupe de esos objetivos, ¿es el banco central la herramienta correcta para perseguirlos?

Esa pregunta sí tiene una respuesta bastante más cerrada, porque no es una cuestión de preferencias sino de mecanismo y eficiencia.

Un banco central, a diferencia de un ministerio, tiene una herramienta que ningún otro organismo del Estado tiene: la emisión monetaria. Es esa herramienta, precisamente, la que lo distingue y la que justifica que exista como institución separada. Cuando a esa herramienta se le atan objetivos como el empleo o el desarrollo económico, el banco central queda habilitado (y en los hechos, tarde o temprano, presionado) a emitir para cumplirlos. Y ahí es donde el mecanismo se muerde la cola.

El mecanismo que se muerde la cola

Emitir para financiar empleo o para promover desarrollo económico no es gratis: esa emisión, cuando no tiene correlato en la producción de bienes y servicios, termina en el incremento sostenido y generalizado de precios, mejor conocido como inflación.

Y la inflación no es un daño colateral menor: es, en sí misma, el principal enemigo del empleo y del desarrollo económico con equidad social. La inflación destruye el poder adquisitivo de los salarios, encarece el crédito, desalienta la inversión de largo plazo y castiga con más dureza a quienes menos tienen, porque son quienes menos herramientas tienen para protegerse de ella.

Dicho de otro modo: un banco central que emite para perseguir el objetivo de empleo o de equidad social termina, casi siempre, dañando exactamente aquello que decía querer proteger. No es una paradoja menor ni una casualidad de diseño. Es la consecuencia lógica de ponerle a una misma institución, con una misma herramienta, cuatro objetivos que en la práctica compiten entre sí.

Cuidar el valor de la moneda y financiar el desarrollo económico con emisión no son dos caminos que se puedan recorrer al mismo tiempo sin costos. Tarde o temprano hay que elegir, y una carta orgánica con cuatro objetivos igualados no obliga a elegir bien: permite justificar cualquier decisión con el argumento que más convenga en el momento.

Dónde debe darse el debate

Decir que el banco central no es el lugar para discutir si el Estado debe perseguir objetivos de pleno empleo o desarrollo económico con equidad social no significa que se esté cerrando el debate ni que se prohíba la discusión en otro ámbito. Significa, simplemente, que hay un lugar más razonable para tratarlo: el Congreso, cuando se debate el Presupuesto y se asignan las partidas públicas.

Es ahí donde corresponde discutir cuánto se destina a políticas de empleo, cuánto a programas de desarrollo económico, cuánto a asistencia social, y con qué criterios. Es un debate presupuestario, político, sujeto al control democrático de la ciudadanía a través de sus representantes.

Cada partida tiene un costo explícito, financiado con impuestos o con deuda, y ese costo queda a la vista de todos. Nada de eso ocurre cuando el financiamiento es, en los hechos, emisión monetaria disfrazada de política de empleo: ese costo no aparece en ninguna partida, lo paga toda la sociedad vía inflación, y encima lo paga de la forma más regresiva posible.

Esto tiene que quedar claro: sacar el empleo y el desarrollo económico con equidad social de los objetivos del banco central no es tomar partido en el debate de si el Estado debe ocuparse de esas cosas. Es sacar esa discusión de un lugar donde no puede resolverse bien y donde, además, termina perjudicando a los propios objetivos que la autoridad monetaria dice perseguir.

Un banco central tiene una función que sólo él puede cumplir: preservar el valor de la moneda. Todo lo demás, por más legítimo que suene como objetivo de política pública, tiene otros ámbitos institucionales para discutirse y financiarse. Mezclarlo con la política monetaria no amplía las herramientas del Estado para perseguir esos fines: le saca los frenos al banco central y, con el tiempo, termina dañando exactamente aquello que se quería proteger.