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El Gobierno de Gustavo Petro avanzó con un cambio de alto impacto en la política tributaria al aumentar por decreto el impuesto al patrimonio, elevando la tarifa máxima del 1,5% al 5%. Con esta decisión, Colombia pasó a encabezar el ranking mundial de gravámenes a la riqueza, al menos en términos nominales.
La medida se adoptó en el marco de la emergencia económica declarada por el Ejecutivo y apunta a reforzar el recaudo en un escenario de déficit fiscal creciente y presión sobre las finanzas públicas. El propio presidente ha defendido públicamente que el ajuste impositivo debe recaer sobre los patrimonios más altos y no sobre la mayoría de la población.
A quiénes alcanza el nuevo impuesto al patrimonio
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, retomado por El Colombiano, el tributo comienza a aplicarse a personas naturales con patrimonios netos desde $2.000 millones, aunque las tarifas son progresivas. La alícuota más alta, del 5%, se reserva para fortunas superiores a los $100.000 millones.
El ministro Germán Ávila explicó que el universo alcanzado representa cerca del 0,8% de los contribuyentes, lo que equivale a poco más de 100.000 personas, aunque solo un grupo muy reducido pagaría la tasa marginal máxima. El rediseño de los tramos, indicó, responde a una redistribución frente a esquemas anteriores.
Colombia frente a otros países con impuesto a la riqueza
Con la nueva estructura, Colombia supera a países como Noruega, Suiza y España, que también aplican impuestos al patrimonio, pero con tasas menores o bases imponibles más altas. Según un análisis de Bloomberg, la tarifa colombiana es comparable a propuestas debatidas en Estados Unidos, aunque allí se enfocan exclusivamente en patrimonios extremadamente elevados.
En el caso colombiano, el impuesto incluye activos como bienes inmuebles y se aplica a partir de umbrales significativamente más bajos, en una de las economías con mayor desigualdad de ingresos en la región.
Recaudo esperado y contexto fiscal
Si el esquema se implementa plenamente, el Gobierno estima que podría recaudar cerca de $4 billones adicionales en 2026, más del doble de lo proyectado inicialmente. Parte de esa expectativa se apoya en el aumento del valor de los activos, tras el buen desempeño de los mercados financieros durante 2025.
La decisión llega en un contexto de alertas fiscales, luego de que la calificadora Fitch rebajara la nota de la deuda colombiana y advirtiera sobre un déficit cercano al 6,5% del PIB y niveles de endeudamiento elevados en los próximos años.
Críticas, riesgos y debate abierto
Economistas y asesores patrimoniales han advertido sobre los riesgos del nuevo impuesto, entre ellos la evasión, el traslado de capitales y el cambio de residencia fiscal de grandes fortunas. También señalan que la medida podría ser revisada por la Corte Constitucional, lo que añade un factor de incertidumbre.
Pese a las críticas, el presidente Petro ha reiterado que los patrimonios generados en Colombia deben tributar en el país, incluso si sus propietarios no residen de forma permanente en el territorio nacional, manteniendo abierto uno de los debates fiscales más intensos del actual gobierno.
