En Colombia, el tema de las herencias ha vuelto a encender el debate jurídico y familiar. Un pronunciamiento judicial y las interpretaciones de la ley sucesoral han despertado preocupación entre quienes temen perder el patrimonio construido por generaciones.
En este caso existe una situación legal que pocos conocen: en ciertos casos, el testamento puede quedar sin efecto, dejando a las familias sin acceso a bienes que creían asegurados. De esta manera se explica el funcionamiento de una entidad estatal que juega un papel determinante cuando no existen herederos directos.
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Sucesiones | La familia puede perder toda la herencia: ¿por qué?
El Código Civil colombiano establece que, si una persona fallece sin descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos u otros parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, su patrimonio no se pierde ni queda sin dueño. En esos casos, la ley ordena que los bienes sean transferidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esta figura, conocida como "herencia vacante", busca evitar el abandono de propiedades o recursos sin titular legítimo. Sin embargo, en la práctica genera tensiones entre familiares lejanos que reclaman derechos y un Estado que, amparado por la ley, asume la titularidad total de los bienes.
¿Qué pasa con la herencia una vez que queda vacante?
Cuando una herencia se declara vacante, el proceso no termina con la simple ausencia de herederos. El Estado, a través del ICBF, puede iniciar un trámite judicial en el que un juez de familia declara la inexistencia de sucesores legítimos. Sin embargo, es importante aclarar que esta denuncia puede ser radicada por cualquier persona o autoridad.
Una vez recibidos, los bienes deben ser inventariados, valorados y administrados bajo las normas del derecho público. En algunos casos, pueden ser vendidos en subasta o asignados para proyectos sociales, pero todo debe hacerse previa autorización judicial.
Pasos principales del proceso:
Certificación judicial de herencia vacante por un juez de familia.
Transferencia formal de los bienes al ICBF mediante acta legal.
Valoración y registro del patrimonio heredado.
Posible venta o uso social de los bienes con control judicial.
Destinación final de los recursos a programas de protección infantil.
