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La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía volvió a escalar tras un nuevo cruce por las decisiones relacionadas con los procesos de paz y las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo.
Desde un acto público en Cauca, el mandatario lanzó una frase que volvió a poner el foco sobre su relación con el poder judicial y sobre el futuro de las negociaciones con estructuras armadas ilegales. Sus declaraciones generaron debate político y jurídico en Colombia.
Sin dar demasiados detalles al inicio, Petro dejó entrever que detrás del conflicto hay algo más profundo que una simple diferencia institucional. El presidente sugirió que algunos sectores estarían utilizando las conversaciones de paz como argumento para impulsarlo judicialmente fuera del país.
Gustavo Petro y las negociaciones de paz: por qué habló de prisión en EE. UU.
El presidente aseguró que existen intentos de convertir los procesos de paz en evidencia para acusarlo de pactar con criminales. Según explicó, algunos sectores buscarían presentar esas negociaciones como una alianza indebida con organizaciones ilegales.
En ese contexto, Petro afirmó que incluso podrían intentar abrir procesos en Estados Unidos en su contra. La frase más resonante llegó cuando señaló: “Quieren coger como excusa los procesos de negociación para meterme preso en EE. UU.”.
El trasfondo del conflicto está vinculado a la negativa de la Fiscalía de suspender órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, incluidos algunos solicitados en extradición por autoridades estadounidenses.
Petro sostuvo que la política de paz y el manejo del orden público son atribuciones presidenciales y remarcó que ningún funcionario puede desobedecer decisiones relacionadas con esa materia.
Clan del Golfo, Fiscalía y órdenes de captura: el nuevo choque político
El presidente cuestionó especialmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por no avanzar con la suspensión de capturas solicitada dentro del marco de acercamientos con el Clan del Golfo.
Sin embargo, horas antes el propio mandatario había aclarado que no autorizó una resolución elaborada por la delegación de paz encabezada por Otty Patiño, en la que se incluían nombres de personas extraditables.
Petro explicó que esa decisión no fue consultada directamente con él y reiteró que en las primeras fases de negociación no deben participar personas requeridas por otros países.
Además, aclaró que la extradición de alias ‘Chiquito Malo’ sigue vigente y que tampoco autorizó listas de combatientes para zonas de concentración en Córdoba.
El nuevo episodio profundiza la tensión entre la Casa de Nariño y la Fiscalía, en medio de una discusión cada vez más sensible sobre el alcance real de la política de paz total y sus límites legales.
