TRIBUNA

Si queremos mejores precios, queremos mejor competencia

Santiago, Federico, Mario y Jorge son productores, cada uno respectivamente, del 25% de los pitutos del mercado, siendo éstos insumos esenciales. La economía esta en recesión, hay inflación y versiones de que el gobierno devaluará. Estos productores se juntan en un bar y acuerdan aumentar los precios de los pitutos. Cualquier semejanza con la realidad, no es mera coincidencia.
No todos los aumentos de precios se deben a la inflación, devaluación o causas similares. Muchas veces obedecen a conductas concertadas entre competidores y pueden constituir prácticas anticompetitivas. Por este y otros motivos, la libre competencia debe ocupar un lugar prioritario en la agenda político-económica del estado, ya que una adecuada ejecución de sus normas contribuirá a evitar abusos y nivelar las reglas del mercado.
La Argentina fue modelo en Latinoamérica hasta fines del siglo pasado en temas de competencia. Luego de la crisis de 2001, el área comenzó a precarizarse y la ejecución de ley 25.156 de defensa de la competencia (LDC) comenzó a perder vigor. La materia dejó de ser prioridad política de los sucesivos gobiernos, habiéndose utilizado incluso como herramienta de presión política.
Para relanzar una ejecución ordenada de la LDC, debe analizarse cuál es el sistema más conveniente para nuestro contexto y, en consecuencia, qué diseño institucional sería el óptimo para otorgarle imperio e independencia a la autoridad de competencia.
Del análisis surgirán acciones de largo y corto plazo. En lo inmediato, mucho puede realizar el Poder Ejecutivo (PE) para mejorar el marco institucional, ya que tiene plenas facultades legales para determinar la autoridad antitrust, la que podría surgir de un abanico de opciones, como ser: (i) la Secretaría de Comercio -que de facto la ejerce hoy día- o (ii) una Subsecretaría de la Competencia -en el marco de dicha Secretaría-, o (iii) crear una Secretaría de la Competencia dentro del Ministerio de Producción o (iv) rescatar la idea de un tribunal especializado en temas de competencia, sea en el marco del PE o -lo que sería óptimo- en el ámbito del Poder Judicial, en cuanto a su funcionamiento, presupuesto y contralor. En todos los casos, quienes integren dicha autoridad deberán surgir de concursos de antecedentes transparentes.
El PE también puede readecuar los umbrales de notificación de la LDC para operaciones de concentración -y establecer mecanismos de revisión periódica y automática de los mismos- e implementar un programa de clemencia.
En paralelo, la CNDC o la nueva autoridad que determine el PE podrá implementar un fast track para ciertas concentraciones, emitir guías de procedimiento e impulsar una abogacía de la competencia, involucrando también a los interlocutores más relevantes del PE. Es imprescindible que la sociedad entienda de qué se trata la libre competencia, la gravedad que implica violar sus normas y los beneficios de una ejecución ordenada de esta política.
Para 2018 deberíamos contar con una autoridad consolidada, sea la que determine el PE o la que surja de un consenso amplio en el Congreso y que amerite una reforma de la LDC. Además, deberá darse el debate sobre la conveniencia de restablecer sanciones penales por ilícitos antitrust; en especial, para casos de conductas colusorias.
Por último, es hora de impulsar las acciones de reparación de daños producidos por ilícitos anticompetitivos. En este marco, el Código Civil y Comercial aporta aspectos novedosos a considerar, como ser la acción preventiva de daños. Además, deberán legislarse los procesos de clase, conforme sugiere hace tiempo la Corte.
Estas son algunas propuestas básicas que deberían llevarse adelante con decisión por parte del nuevo gobierno, si pretende recuperar la libre competencia en nuestro país y darle plena institucionalidad.
Eliminadas políticas como el cepo, las DJAI y los regímenes de información de precios, será una sólida política antitrust la que permitirá aplicar reglas claras que impidan abusos anticompetitivos y eviten aumentos artificiales de precios, permitiendo contener la inflación y bajar el costo de vida de la sociedad.
Cuanto más sana sea la competencia, Santiago, Federico,
Mario y Jorge menos podrán acordar precios sin recibir severas sanciones, y más competirán entre sí para ofrecer mejores y más variados productos, de mayor calidad y a precios razonables.
Es tiempo de renovados esfuerzos en materia de competencia, bienvenidos sean.
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