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La cooperación internacional volvió al centro del debate político en Costa Rica tras la reciente decisión legislativa que autoriza el ingreso de hasta 195 embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos a los puertos costarricenses durante el próximo año. La medida busca fortalecer la seguridad marítima y frenar el avance del narcotráfico en rutas clave del Pacífico y el Caribe.
La autorización fue aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa, permitiendo que las operaciones conjuntas se extiendan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, dentro del marco de cooperación bilateral vigente entre ambos países desde finales del siglo pasado.
Un acuerdo en medio de crecientes amenazas marítimas
El aval legislativo se sustenta en el convenio firmado en 1999, que habilita patrullajes compartidos en aguas cercanas y dentro de la zona económica exclusiva de Costa Rica. Bajo este esquema, las naves estadounidenses pueden atracar en puertos nacionales, reabastecerse y permitir el desembarco temporal de sus tripulaciones.
Las autoridades costarricenses subrayan que el objetivo no es reemplazar funciones locales, sino reforzar las capacidades del Servicio Nacional de Guardacostas, una institución que enfrenta limitaciones técnicas y logísticas para vigilar más de mil kilómetros de costa sin contar con una marina militar.
Los detalles de la operación
El plan contempla el movimiento de más de 7.500 personas, entre oficiales, tripulación y personal científico, distribuidos en distintas misiones de interdicción marítima. Estas operaciones se enfocan en la detección de embarcaciones sospechosas utilizadas por redes criminales para el transporte de drogas hacia mercados internacionales.
Según datos oficiales, la colaboración con Estados Unidos ha permitido incautaciones significativas de cocaína y marihuana, así como la detención de decenas de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. Para el Gobierno, estos resultados justifican la continuidad del acuerdo.
Voces críticas y debate sobre soberanía
No obstante, la decisión no estuvo exenta de polémica. Un sector de diputados manifestó su rechazo, advirtiendo sobre la presencia de armamento pesado en algunas de las embarcaciones extranjeras y cuestionando posibles impactos sobre la soberanía nacional.
Desde esta posición crítica se mencionaron antecedentes regionales y se pidió mayor fiscalización de las operaciones, así como transparencia en el uso de la fuerza. El debate reflejó una tensión histórica entre la necesidad de cooperación internacional y la defensa de principios jurídicos y políticos internos.
Seguridad regional en un país sin ejército
Para los defensores del acuerdo, la autorización representa una herramienta clave frente a un fenómeno que supera las capacidades de un solo país. Costa Rica, que abolió su ejército en 1948, depende de alianzas estratégicas para proteger sus costas y evitar que el territorio sea utilizado como punto de tránsito del narcotráfico.
Las autoridades insisten en que el enfoque es preventivo: interceptar cargamentos en el mar antes de que las drogas impacten a las comunidades locales o fortalezcan estructuras criminales dentro del país.
