Fuente: EFE
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La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó un respaldo histórico a Donald Trump al limitar el poder de los jueces federales para frenar las políticas presidenciales a nivel nacional.
Este fallo representa un cambio radical en la relación entre el Ejecutivo y la Justicia, y podría marcar el rumbo del resto de su mandato.
La decisión impacta directamente sobre el alcance de las órdenes judiciales de suspensión, que hasta ahora permitían bloquear políticas federales en todo el país mientras se analizaba su legalidad.
Con este nuevo escenario, quienes busquen frenar las medidas de Trump deberán enfrentar un proceso legal más complejo y limitado.
¿Qué decidió la Corte Suprema y por qué le da más poder a Trump?
El máximo tribunal falló a favor de restringir la capacidad de los tribunales federales para emitir órdenes de suspensión de alcance nacional, limitando su efecto solo a las partes involucradas en cada caso. Esto significa que, ante nuevas políticas, los jueces ya no podrán bloquear su aplicación en todo Estados Unidos de manera preventiva.
La decisión llega tras diferentes enfrentamientos entre la administración Trump y el Poder Judicial, en los que numerosas órdenes judiciales habían frenado iniciativas clave, cómo las deportaciones masivas. Ahora, el presidente tiene más margen de acción mientras las cortes revisan la legalidad de sus políticas.
¿Qué opciones legales quedan y cómo se aplicarán los controles judiciales a partir de ahora?
Aunque la decisión de la Corte Suprema reduce el alcance de las órdenes de suspensión, los expertos señalan que todavía existen vías legales para desafiar las políticas presidenciales.
Las demandas colectivas se perfilan como una herramienta central, permitiendo que los tribunales otorguen protección a grupos amplios, aunque el proceso será más exigente y detallado.
Además, los estados podrán presentar demandas y solicitar bloqueos específicos, que en algunos casos podrían tener efectos a nivel nacional si se justifica para proteger a los afectados. De ahora en adelante, la aplicación y revisión judicial de las políticas federales dependerá de procedimientos más acotados, con mayores exigencias.
