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Una nueva ley en Nueva York cambiará de manera definitiva los menús escolares a partir del 1° de agosto, con un enfoque claro en la salud infantil. Desde esa fecha, estará prohibido el uso de siete colorantes artificiales comúnmente presentes en productos procesados que millones de niños consumen a diario.

La medida, que fue aprobada por unanimidad en la legislatura estatal, busca proteger a los estudiantes de los efectos nocivos asociados con ciertos aditivos alimentarios.

Qué dice la ley que entra en vigor en Nueva York en agosto

La nueva legislación, basada en el proyecto HB2354, prohíbe incluir en los comedores escolares colorantes como:

  • Rojo N° 3

  • Rojo N° 40

  • Amarillo N° 5

  • Amarillo N° 6

  • Azul N° 1

  • Azul N° 2

  • Verde N° 3

Estos ingredientes, aunque avalados por la FDA, están presentes en alimentos populares como cereales de colores, bebidas azucaradas, caramelos, gelatinas y otros productos dirigidos al público infantil.

A partir de agosto estará prohibido el uso de siete colorantes artificiales comúnmente presentes en productos procesados que millones de niños consumen a diario. Imagen: archivo.
A partir de agosto estará prohibido el uso de siete colorantes artificiales comúnmente presentes en productos procesados que millones de niños consumen a diario. Imagen: archivo.

Por qué Nueva York prohibirá estos colorantes en las escuelas

La decisión se apoya en múltiples estudios científicos que vinculan estos colorantes con problemas de salud en niños, entre ellos:

  • Hiperactividad

  • Trastornos por déficit de atención

  • Reacciones alérgicas

Diversas organizaciones médicas y pediátricas expresaron su preocupación ante la continua exposición a estos químicos durante la infancia, una etapa clave para el desarrollo neurológico y conductual.

Cómo impactará esta medida en las escuelas públicas

A partir del 1° de agosto, ningún alimento con estos aditivos podrá ser servido en los programas de nutrición escolar de Nueva York. Además, se establecieron restricciones estrictas para su venta fuera del horario escolar y fuera del ámbito educativo.

Esta normativa afectará a escuelas públicas y programas subsidiados por el Estado, por lo que se espera una revisión completa de los proveedores de alimentos y las marcas autorizadas.