

La administración de Donald Trump impuso una política de tolerancia cero en el sistema migratorio de Estados Unidos. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país, las condiciones de permanencia e inició un plan de deportaciones masivas.
En los últimos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó una medida que permite detener inmigrantes indocumentados durante meses e incluso años mientras tramitan sus procesos de deportación.
Estos inmigrantes podrán ser arrestados y permanecer detenidos durante años
Mediante un comunicado oficial, ICE anunció que los inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos no podrán solicitar la libertad bajo fianza mientras enfrentan los procedimientos de deportación, excepto en casos excepcionales bajo libertad condicional (parole), lo cual dependerá de la decisión de un oficial de inmigración, no de un juez.
Los inmigrantes detenidos podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración, a menos que tuvieran condenas por delitos graves. Esta política cambia las reglas, excluyendo a millones de indocumentados de la posibilidad de obtener la libertad mientras esperan la resolución de sus casos.

¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes ante detenciones de ICE?
En Estados Unidos, los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen ciertos derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otras leyes federales. Aquí algunos de los más importantes:
- Derecho al debido proceso: Toda persona tiene derecho a una audiencia justa antes de ser deportada o detenida por autoridades migratorias.
- Derecho al silencio: No están obligados a responder preguntas de agentes de inmigración o la policía sin un abogado presente.
- Derecho a un abogado (en procesos civiles): En casos migratorios, los inmigrantes pueden tener un abogado, aunque deben pagarlo por su cuenta.
- Protección contra registros y detenciones arbitrarias: Las autoridades necesitan una orden judicial o consentimiento para ingresar a un domicilio.
- Derecho a servicios de emergencia: Pueden acceder a atención médica urgente, educación pública para menores y servicios de protección ante violencia doméstica, sin importar su estatus legal.
- Protección contra la discriminación: Las leyes federales prohíben la discriminación basada en nacionalidad, raza o religión en entornos laborales, educativos y de vivienda.


