En barrios enteros de ciudades alrededor de todo Estados Unidos, el miedo se ha vuelto parte de la rutina. A la hora de llevar a los hijos a la escuela, asistir a una cita médica o simplemente salir a trabajar, miles de inmigrantes viven bajo la amenaza constante de una redada del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Las operaciones del organismo, que se intensificaron en los últimos meses, han sembrado un clima de incertidumbre que va más allá del estatus legal de las personas afectadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció una importante medida busca aliviar el miedoy la parálisis que han generado estas operaciones en la ciudad.

Atención inmigrantes: tarjetas de efectivo para estos indocumentados

Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes pasado, la alcaldesa Karen Bass anunció que comenzará a distribuir tarjetas de efectivo precargadas con "un par de cientos de dólares" a los inmigrantes sin papeles de Los Ángeles.

"Hay personas que no quieren salir de casa, que no van a trabajar y necesitan dinero en efectivo", declaró Bass ante los medios, subrayando que la ciudad no tolerará redadas "ilegales y caóticas".

Según reportó Los Angeles Times, las tarjetas serán entregadas por organizaciones comunitarias como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). De esta manera, los fondos no provendrán del presupuesto público, sino de aportaciones privadas de donantes solidarios con la causa migrante.

Los Ángeles refuerza su rol como ciudad santuario frente a las redadas migratorias

En medio del aumento de operativos del ICE a lo largo del país, Los Ángeles reafirma su compromiso como ciudad santuario, protegiendo a las comunidades inmigrantes ante posibles detenciones arbitrarias por estatus migratorio.

Bajo esta política, las autoridades locales, incluyendo la policía y el gobierno municipal, se niegan a colaborar con agencias federales de inmigración en la detención o entrega de personas sin una orden judicial. La medida busca generar confianza en los servicios públicos y garantizar que todos los residentes, sin importar su estatus legal, puedan denunciar delitos, asistir a la escuela o acceder a atención médica sin temor a ser deportados.