El uso de criptomonedas como instrumento financiero público ya no es una idea futurista. En Estados Unidos, varios estados están evaluando incorporar activos digitales como parte de sus estrategias económicas, en medio de un contexto global marcado por la inflación, la incertidumbre monetaria y la digitalización del sistema financiero.

En ese escenario, Texas dio un paso clave al aprobar un proyecto de ley que permite crear una reserva estatal de criptomonedas. La propuesta, impulsada por el Senado y votada el 20 de mayo en la Cámara de Representantes, quedó a la espera de la firma del gobernador Greg Abbott para convertirse en ley.

La legislación, conocida como Senate Bill 21, establece el marco para que el estado pueda almacenar Bitcoin y, potencialmente, otras criptomonedas, bajo control del contralor estatal. La iniciativa busca diversificar los fondos públicos y posicionar a Texas como líder en la economía digital emergente.

¿Qué propone la ley de reservas de Bitcoin en Texas?

El proyecto SB 21 autoriza la creación de una reserva estatal de criptomonedas, que estaría gestionada por el contralor del estado. Aunque no se fija un monto inicial, se prevé que se habilite financiamiento a través del presupuesto estatal en los próximos meses.

La norma también contempla una regulación específica sobre qué criptoactivos podrán ser incluidos. Si bien el Bitcoin es el eje central, el texto abre la puerta a incorporar otras criptomonedas según criterios de seguridad y liquidez definidos por el propio estado.

El objetivo central de la ley es brindar una herramienta de respaldo financiero no tradicional frente a la volatilidad macroeconómica. A su vez, busca incentivar el desarrollo del ecosistema cripto y blockchain en el estado, atrayendo inversión y generando empleo.

¿Qué críticas genera esta medida para crear una reserva estatal de Bitcoin?

A pesar del amplio respaldo político, el proyecto recibió críticas tanto de sectores demócratas como republicanos. Las principales objeciones apuntan a la alta volatilidad del Bitcoin y la falta de mecanismos claros de supervisión sobre el uso de los fondos públicos.

Algunos legisladores advirtieron que esta apuesta podría beneficiar principalmente a grandes inversores privados, dejando a los contribuyentes expuestos a pérdidas si el mercado cripto sufre una nueva caída. También se mencionó el riesgo de legitimar inversiones especulativas desde el Estado.

Por otra parte, analistas remarcaron la paradoja de que los gobiernos adopten activos pensados originalmente para funcionar al margen de las instituciones financieras tradicionales. Esta tensión entre descentralización y regulación seguirá marcando el debate en los próximos años.

Con esta ley, Texas podría convertirse en el primer estado del país en no solo autorizar, sino también financiar una reserva estatal de criptomonedas, en un contexto donde el precio del Bitcoin se acerca a máximos históricos y el interés por los activos digitales crece a nivel federal.