

El gobierno de Estados Unidos avanza con el cierre de decenas de oficinas del Seguro Social como parte de un ambicioso plan de reducción del gasto público. Las autoridades aseguran que esta reorganización busca mejorar la eficiencia del Estado.
La medida es impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, y afectará especialmente a la Administración del Seguro Social (SSA), que perderá oficinas clave en varios estados.
Según el plan oficial, al menos 17 oficinas tienen ya una fecha confirmada de cierre antes de fin de año. El impacto será significativo en comunidades donde estos centros representan el único acceso presencial a servicios del Estado.

Oficinas del Seguro Social que cerrarán en los próximos meses
Si bien ya comenzaron a cerrarse sucursales de la Administración del Seguro Social en lo que va de 2025, estas son las oficinas con fecha de cierre confirmada de ahora en adelante:
Texas:
8208 NE Zac Lentz Parkway, Victoria - 25 de mayo
Colorado:
825 N. Crest Drive, Grand Junction - 21 de junio
Montana:
3701 American Way, Missoula - 21 de junio
North Dakota:
1414 20th Ave. SW, Minot - 21 de junio
North Carolina:
2123 Lakeside Drive, Franklin - 23 de junio
2805 Charles Blvd., Greenville - 24 de junio
1865 W. City Drive, Elizabeth City - 24 de junio
730 Roanoke Ave., Roanoke Rapids - 1 de agosto
New York:
332 Main St., Poughkeepsie - 31 de julio
Georgia:
1338 Broadway, Columbus - 30 de septiembre
Alabama:
634 Broad St., Gadsden - 30 de septiembre

Cómo afectará el cierre de oficinas a quienes reciben el Seguro Social
El cierre de oficinas del Seguro Social coincide con la implementación de nuevas reglas de verificación de identidad. Estas regulaciones obligan a millones de personas a presentarse en oficinas físicas para acceder o mantener sus beneficios.
Sin embargo, la reducción de centros disponibles limitará las posibilidades de atención presencial. Esto perjudica particularmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida y residentes de zonas alejadas.
La atención telefónica también se verá restringida, ya que los recursos del organismo serán reasignados. Para muchas comunidades, este proceso significa perder el único punto de contacto directo con la administración pública.


