Los partidos de la oposición que integran la Coalición Republicana presentaron una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por su gestión en el caso Cardama.
La denuncia apunta, además, contra dos personas que actuaron sin vínculo funcional con el Ministerio de Defensa durante la investigación interna sobre el contrato entre el astillero español Cardama.
El conflicto se originó en la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, una licitación lanzada en 2021 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou que quedó desierta por los precios elevados.
Posteriormente, terminó adjudicándose en 2023 al astillero español Cardama, con sede en Vigo, por un monto cercano a los 82 millones de euros.
El diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, mencionó que piden se investigue si existió “abuso de poder” por parte de la actual administración.
Explicó que la acción judicial apunta “contra la ministra Lazo y contra dos funcionarios que actuaron sin vínculo funcional durante muchos meses en el Ministerio de Defensa”.
Se trata de dos dirigentes políticos cercanos a la ministra que llevaron adelante una investigación interna sobre el proceso que derivó en la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de las dos patrulleras oceánicas.
Para Abdala “esto es la consecuencia de lo que entendemos es el abuso de poder con el cual actuó la actual administración en todo este tema de las patrulleras, porque claramente hubo una actitud de predeterminación en cuanto a terminar con todo, terminar con el contrato principal”,
“Una actitud de generarle dificultades a la ejecución de una obra que irónicamente siguieron pagando”, dijo el diputado nacionalista.
El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, aseguró que “la denuncia carece de asidero”. Insistió en que el proceso de contratación con Cardama derivó en un “intento de fraude” contra el Estado, en línea con la versión que sostiene el gobierno desde octubre de 2025.
