El senador colorado Robert Silva, y ex presidente del Codicen, citó al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y al actual presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani, a la Comisión Permanente del Parlamento.
Lo que comenzó como una comparecencia de rutina se transformó en una demanda pública por “rigor, coherencia y responsabilidad” en la conducción de la política educativa del nuevo gobierno.
“Se interrumpen procesos que se venían fortaleciendo”, afirmó Silva en la apertura, y señaló que esa interrupción carece de una evaluación integral. “Cuando se reemplaza la planificación por la reacción, cuando se diluyen los criterios comunes, se debilita el sentido mismo de la política pública, y en particular y terriblemente en la educación, y eso es fatal”, dijo el senador.
Las acusaciones opositoras abarcaron varios frentes. El primero y más contundente fue la paralización de la expansión de centros de tiempo completo: según Silva, “a partir de 2026, no hay más centros de tiempo completo en Uruguay”. Denunció que la administración frenó iniciativas en liceos y UTU que, en su versión, contaban con evaluaciones positivas y comenzaban a integrarse en medidas de inclusión y apoyo pedagógico.
Silva también criticó la falta de implementación del modelo de extensión del tiempo pedagógico anunciado en 2025. Citó la circular 32/2025, que —dijo— prometía un diseño listo en octubre de ese año; a febrero de 2026, ni las comunidades educativas ni los legisladores conocen el documento. “No existe a febrero de 2026”, afirmó, reclamando acceso a cronogramas y documentación.
Los cambios en la UTU y en la formación docente fueron otro eje del reproche. El senador aseguró que un nuevo plan aprobado en UTU “quita figuras” y disminuye horas de aprendizajes fundamentales. En la formación docente, alertó que se redujeron horas en materias como Lengua y acusó al gobierno de “dinamitar el currículo por competencias”, reemplazándolo por “programas 100% contenidistas”. Además sostuvo que existiría la intención de “erradicar el marco curricular nacional, las progresiones y los reglamentos de evaluación”.
La estructura de supervisión educativa también fue cuestionada. Silva denunció la supresión de diez cargos de inspectores de zona “sin consulta, sin diálogo” y habló de una pérdida de descentralización. Advirtió que cargos concursados se están reemplazando por puestos de confianza, lo que, en su opinión, erosiona mecanismos de control y equidad territorial.
La propuesta de crear una Universidad de la Educación apareció como foco de inquietud política y técnica. Silva habló de una “falsa oposición” entre esa iniciativa y la prueba diseñada por la administración anterior para otorgar títulos universitarios a docentes, y pidió claridad sobre cómo se articulará la nueva casa de estudios con los procesos vigentes de titulación y acreditación.
Oficialismo
Mahía y Caggiani respondieron defendiendo la necesidad de leer proyectos heredados y de priorizar recursos. El ministro sostuvo que algunos programas requieren ajustes técnicos y coordinación territorial antes de su despliegue, mientras que el presidente del Codicen señaló que las modificaciones responden a evaluaciones internas y a una nueva orientación pedagógica cuya presentación se planifica de manera gradual.
Pese a la defensa oficial, la oposición pareció insuficiente la respuesta y exigió la entrega de documentos, evaluaciones y cronogramas que avalaron las decisiones administrativas. Los legisladores anunciaron que presentarán pedidos formales de informes y que no descartan nuevas citaciones.