El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, manifestó su preocupación por el proyecto del gobierno que habilita la jubilación anticipada a los 60 años de edad, con 30 años de aportes.
Lestido señaló que esta iniciativa puede ir en contra de las necesidades del país, pero aclaró que la gremial empresarial analizará sus efectos antes de adoptar una posición definitiva.
El directivo realizó estas afirmaciones luego que el gobierno presentara los detalles del proyecto de ley a representantes empresariales y organizaciones sociales, en una instancia encabezada por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Esta reunión forma parte de una serie de encuentros que impulsa el gobierno, antes que comience el tratamiento del proyecto, que ingresará a la Cámara de Diputados durante la primera semana de noviembre.
“Estamos a favor de la ley Nº 20.130”, afirmó Lestido en referencia a la reforma previsional aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y destacó que el régimen general de retiro a los 65 años continuará vigente.
Lestido admitió que la idea de anticipar la jubilación genera inquietud entre los empresarios. “Vemos con preocupación y con mucha cautela la posibilidad de poder jubilarse anticipadamente a los 60 años. Entonces, eso es un tema que en principio va en contra de lo que nosotros entendemos que es necesario que pase en el país”, sostuvo.
Preocupación por la informalidad
Para Lestido es todavía prematuro adoptar una postura definitiva, debido a que las organizaciones recibieron hace pocos días el contenido y los fundamentos técnicos del proyecto de ley.
En ese sentido, valoró la convocatoria del gobierno y señaló que los asesores de la Cámara de Comercio y Servicios estudiarán la documentación antes de formular observaciones concretas.
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es el posible aumento de la informalidad laboral entre quienes accedan a la jubilación anticipada, debido a que el proyecto no permite compatibilizar esa prestación con la continuidad de la actividad laboral.
