A través del proyecto de ley 5216-D-2025, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Fuerza Patria - Tierra del Fuego) realizó una presentación para pedir la nulidad del decreto 273/25 que habilita la importación de bienes usados al país.

El legislador expuso que su principal motivación es proteger la producción industrial local de la competencia desleal que representa la importación de bienes de capital usados de manera indiscriminada.

El decreto 273/25 eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), reemplazándolo por una simple declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduanas, alterando así el entramado normativo que regula el funcionamiento de las empresas en Argentina.

Según el sitio Informe Marítimoel proyecto de ley ya cuenta con la aprobación en plenario de las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales y Comercio, por lo que espera tratamiento para la próxima sesión.

Sector sensible

"El CIBU tenía como objeto comprobar el impacto de la importación de determinados bienes de capital usados en el sistema productivo local. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional no realizó estudios de impacto previos a su eliminación ni de cómo esta medida afectaría a un sector tan sensible como el industrial", destacó Araujo Hernández.

El legislador resaltó asimismo que "el gobierno tampoco instrumentó medidas para mitigar los efectos negativos que la eliminación del CIBU está teniendo sobre el entramado productivo nacional. Esta falta de previsibilidad ha provocado incertidumbre entre empresarios y trabajadores, afectando negativamente a las inversiones, la producción nacional y el nivel de empleo".

Otra crítica al decreto 273/25 que se pretende derogar es que no estipula los mecanismos de control y seguimiento de las declaraciones juradas de importación de maquinarias y otros bienes usados para garantizar la veracidad de los datos consignados, por lo que el legislador entiende que "facilita prácticas de subfacturación y evasión al carecer de un sistema de inspección y valuación real".

Hay más inquietudes: "La importación irrestricta de bienes de capital usados puede también introducir tecnologías obsoletas altamente contaminantes y poco eficientes en su consumo energético, en contraposición a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de cambio climático", recalcó el diputado.

Los legisladores de ambas comisiones resaltaron que la derogación del Decreto 273/25 implica la restauración de reglas económicas y jurídicas claras, equitativas y racionales que protejan a la producción nacional, el empleo calificado y las inversiones en Argentina.