Los interventores judiciales de la concursada Vicentin buscan asegurar su operación para el año que viene, ya que su actividad depende exclusivamente de los contratos de fasón que la empresa cerró recientemente con casi una decena de compañías del sector. Sin embargo, algunas de estas firmas se adelantaron a la resolución del conflicto judicial y ya están evaluando una posible adquisición de activos.
Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, anteriormente veedores del proceso judicial, son quienes asumieron el control total de la firma desde fines de abril y por un periodo -prorrogable- de 120 días. Fue pocos días después de su designación que la Justicia de Santa Fe decidió la apertura del proceso de cramdown, un destino que los directores anteriores de la cerealera buscaron evitar hasta último momento.
Ahora, no obstante, el cramdown es un hecho y los contratos de fasón con Viterra, Bunge y ACA -las socias estratégicas-, Molinos Agro, Unión Agrícola Ganadera, Cargill, Commodities -representada por Grassi- y el Grupo Louis-Dreyfus (LDC), son los que mantendrán viva a la cerealera, hasta, por lo menos, fin de año.
Sin embargo, esta situación no trae más que incertidumbre para la compañía ya que cada una de las 'aliadas' tiene intenciones distintas respecto al futuro de la concursada que arrastra un default por más de u$s 1500 millones desde 2019.
Mientras que Molinos Agro, Cargill y LDC otorgarán sus granos para contribuir con la reactivación de la empresa, y, consecuentemente, con 'la paz' del sector agroindustrial santafesino, las aliadas estratégicas y el Grupo Grassi tienen planes de participar del proceso de salvataje.
Es por eso que el próximo 3 de julio se llevará a cabo una asamblea de accionistas en la que se expondrá la situación de la empresa y se debatirándiferentes alternativas para la viabilidad de la empresa y sus distintas unidades de negocios, además de evaluar la venta de activos ociosos o ‘non core' de Vicentin.
Según pudo saber este medio, Commodities es una de las compañías que busca quedarse con alguno de los activos de la cerealera. Esto, explicaron fuentes con conocimiento sobre la causa, iría contra el proceso judicial, que busca la salida de Vicentin mediante una propuesta de salvataje que incluya a todos los activos integrados.
Vicentin quiere seguir operando en 2026
Dado que los contratos de fasón vencen en diciembre, Vicentin no tendrá actividad en sus plantas entre enero y marzo del año que viene. Esto, sumado a una deuda post concursal que ronda los u$s 40 millones, ya permite vislumbrar un inicio de año complicado para la cerealera.
Es por esta razón que recientemente los interventores de la compañía enviaron una carta al Juez de la causa, Fabián Lorenzini, para solicitar una solución judicial para la compañía antes de fin de año.
En el escrito, Nudenberg y Shocron evidenciaron que la compañía tuvo un déficit global de u$s 3,4 millones en abril, a la vez que adelantaron que Vicentin acumula quebrantos fiscales por $ 574.490 millones, de los cuales $ 458.369 millones (año fiscal 2020) vencerán el 31 de octubre. Entonces, de no producirse una venta de activos o una salida judicial que legitime las pérdidas para esa fecha, adelantaron que el efecto sobre la empresa será grave.
"Si no se logra una solución judicial definitiva antes de fin de año, la situación podría tornarse terminal para la empresa", indicaron los ejecutivos el documento.
Actualmente, la compañía está a la espera de la definición de su futuro. Es que, a mediados de mayo, la Justicia santafesina ratificó la decisión del juez a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini y decidió abrir el proceso de salvataje -o cramdown-.
Esto sucedió a pesar de que la compañía estaba a la espera de la homologación de su acuerdo concursal que tenía a Bunge, Viterra y ACA como inversores principales y dos años atrás contaba con la adhesión del 70% de los acreedores. La propuesta contemplaba el paso del 95% de la compañía a los llamados inversores estratégicos a cambio de una inyección de u$s 300 millones en capital de trabajo y el blindaje de la empresa por 12 años.
Sin embargo, dejó de ser una opción ya que el tribunal subrogante (inferior), que, en este caso, es la Cámara de Rafaela, no homologó el acuerdo, acorde a las recomendaciones de la Justicia santafesina,tal como había adelantado El Cronista. En ese momento, los inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) se habían alejado de la cerealera ya que la aprobación de la concursal era un requisito indispensable para girar el dinero. Ahora, no obstante, volvieron a interesarse en Vicentin.
