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La mayor avícola del país suma pedidos de quiebra y profundiza su parálisis operativa.

Aseguradoras, bancos y empresas proveedoras del Grupo Granja Tres Arroyos (GTA) iniciaron la solicitud de quiebra en la Justicia alegando que la firma se encuentra en cesación de pagos ante deudas impagas y cheques sin fondos.

El Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia a la empresa Proteinsa -controladora de Cresta Roja- y a los operarios despedidos
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La firma arrastra una deuda de u$s 350 millones, que no logra reestructurar. Hizo varias ofertas a los acreedores. Pero incluyen descuentos de hasta el 75% con respecto a lo adeudado, por lo cual no están siendo aceptadas.

Es que el grupo, que comprende a las sociedades Granja Tres Arroyos, Wade y Avex, está con tiempo de descuento. Tenía hasta el 30 de junio para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores.

Eso aun no sucedió. Y a ese conflicto se sumó otro con sus operarios. Tiene su planta paralizada y esa situación se extenderá, al menos, durante 15 días más.

Al cierre indeterminado de la planta La China se fueron sumando otras en problemas.

Avex permanecerá completamente sin actividad durante todo agosto. Lo que inicialmente se anunció como una parada técnica de 15 días se extendió a un mes completo, afectando directamente a sus 350 operarios.

La planta Pinazo suspendió el total de actividades desde el 3 hasta el 30 de agosto. Tras un acuerdo con el Sindicato de la Alimentación (STIA), los 300 trabajadores suspendidos percibirán un 65% de sus haberes brutos.

La planta Wade 1 (en Ezeiza). Se encuentra operativa pero bajo un esquema de fuerte reducción en sus niveles de actividad productiva.

La planta Wade 2, que supo ser Cresta Roja (en Esteban Echeverría) tiene frecuentes paradas e interrupciones operativas por deudas salariales y conflictos con el personal. También cayó su volumen de faena.

A la justicia

Entre quienes recurrieron a la Justicia buscando alguna forma de cobrar figuran TKW S.A., fabricante de calzado de seguridad profesional y licenciataria de marcas como Pampero, Firestone y Gaucho. Según se desprende de la denuncia, GTA le adeuda a la sociedad una suma de u$s 22.972. También se sumó Eurocor S.A., que reclama una deuda de $ 26,5 millones originada en la provisión de cajas de cartón corrugado.

En paralelo, Inmobal Nutrer S.A., le reclama una deuda de $ 133,9 millones por la provisión de productos químicos de uso industrial alimentario. Por su parte, Americold Logistics Argentina S.A., dedicada a servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado, inició acciones por acreencias que superan los $ 30 millones.

El banco Credicoop también identificó bienes inmuebles propiedad de la familia dueña de Tres Arroyos y pidió su embargo, en un intento de poder cobrar la deuda de la avícola.

La caída

La retracción del negocio de GTA se profundizó en 2024, puntualmente debido al cierre de los principales mercados de exportación por los brotes de gripe aviar. La empresa exportaba el 70% de su producción (frente a alrededor del 25% actual) a más de 60 mercados. En ese contexto, ingresó en un proceso preventivo de crisis y comenzó a implementar un programa de retiros voluntarios y despidos.

El primer gran golpe fue el cierre por tiempo indeterminado de su planta “La China”, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Allí habían sido trasladados los trabajadores de Becar, la otra operación que la empresa tenía en la provincia y que dejó de funcionar a fines de 2025. En noviembre del año pasado, hizo lo mismo con la planta de Tristán Suárez.

Actualmente, la empresa faena en promedio 250.000 aves diarias y quiere llevar ese número a 430.000 como parte del plan de reestructuración.

Reestructuración de la deuda

La compañía intenta reordenar su pasivo y estabilizar su crítica situación financiera. A través de la consultora Valo, presentó una propuesta para reestructurar su deuda y conseguir los fondos necesarios para sostener la operación.

La propuesta contempla una reestructuración integral de pasivos por unos u$s 350 millones, que incluye deuda financiera, comercial y fiscal. El plan busca evitar una instancia concursal y garantizar la continuidad operativa de la avícola mediante acuerdos con acreedores, refinanciación de obligaciones y la obtención de nuevas fuentes de financiamiento.

Para concretar la reestructuración, el grupo deberá reunir al menos u$s 80 millones de capital de trabajo a través de una combinación de aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos. Entre los bienes que la compañía prevé desprenderse figuran una planta de deshidratados en Zárate, un tambo en Entre Ríos, una unidad de producción porcina, una planta industrial en Concepción del Uruguay y otra instalación ubicada en Ezeiza.