Este lunes la Justicia habilitó el proceso de salvataje -cramdown- de Algodonera Avellaneda, la textil de la familia Vicentin, con el objetivo de evitar su quiebra luego de que no lograra reunir las mayorías necesarias para llegar a un acuerdo con su acreedores.
Esto significa que tanto acreedores como terceros podrán ofertar para quedarse con la compañía, conseguir el respaldo para reestructurar sus deudas, y tomar el control de la empresa. Los interesados tendrán cinco días hábiles (a partir del 29 de septiembre) para inscribirse y hacer sus propuestas.
La textil se encuentra en concurso preventivo desde 2024 y, desde mayo, esperaba una definición de la Justicia sobre uno de los puntos centrales de su proceso de reestructuración: había pedido que el Banco de la Nación Argentina (BNA) fuera excluido del cómputo de las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo con sus acreedores.
La empresa había señalado al banco como un “acreedor hostil” y lo acusaba de bloquear el avance de la propuesta para reestructurar su deuda.
Es que el BNA es el principal acreedor de Algodonera Avellaneda: concentra más del 80% del pasivo de la empresa ($ 1585,7 millones y u$s 260,7 millones) por lo que su postura resultaba determinante para que pudiera homologar el acuerdo.
Ahora, la Justicia rechazó el pedido al considerarlo “improcedente” e informó que la sociedad no logró reunir las mayorías exigidas.
“Debemos destacar que, si bien es cierto que el BNA ostenta un rol predominante en la conformación de las mayorías, y que hubiera sido deseable contar con su acompañamiento, luego de muchas audiencias, reuniones entre las partes y replanteos de las propuestas originales, surge a las claras que dicho acreedor ha obrado exclusivamente en resguardo de sus intereses, pero sin ánimo de dañar a la concursada en particular”, sostiene el dictamen.
“Asimismo, debemos reconocer y destacar el esfuerzo realizado por Algodonera Avellaneda que ha enfrentado, tanto las serias limitaciones macroeconómicas del presente, cuanto las aún más serias consecuencias y condicionamientos de una administración societaria precedente, temeraria con relación a los activos e irreflexiva con respecto al modo de endeudamiento acordado que ha signado la suerte posterior de sus actividades naturales”, agrega.
De acuerdo con el informe judicial, la empresa mantiene un pasivo posconcursal de alrededor de $ 6818,7 millones originado en acreencias de servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y laborales, y un patrimonio neto negativo “verificándose un pasivo que supera de forma significativa el valor de sus activos”.
El origen de la crisis
La empresa entró en concurso preventivo a fines de 2024 debido a su deterioro financiero y operativo. Tal es así que, durante ese periodo, redujo personal y atravesó semanas con su producción paralizada.
Su situación se vio aún más comprometida por las restricciones de financiamiento, un problema estrechamente ligado a su vínculo con Vicentin, que el año pasado cambió de dueños y hoy está en manos de Mariano Grassi.
De hecho, buena parte del endeudamiento de la firma se originó en créditos otorgados para financiar las exportaciones de la compañía. Aunque la principal beneficiaria era Vicentin, Algodonera Avellaneda asumió el rol de garante y codeudora solidaria, por lo que quedó obligada a responder por esas deudas.
Así, entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 el BNA otorgó créditos por u$s 284 millones.
Además, el directorio de Algodonera Avellaneda firmó una fianza solidaria por hasta u$s 300 millones para garantizar operaciones de ambas compañías, un esquema que terminó comprometiendo severamente el patrimonio de la textil.
Actualmente, la planta de Reconquista está operando al 60% de su capacidad por inconvenientes en la maquinaria de hilandería.
En lo que respecta a sus tres plantas desmotadoras, ubicadas en Chaco y Santiago del Estero, la firma reactivó sus operaciones, luego de haber cerrado un acuerdo con Vicentin para producir a fazón, cuyos ingresos se destinan al pago de salarios.
