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El pasado 7 de octubre, el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García Jiménez, advirtió en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que México había enfrentado una “situación crítica” por una reducción de 20 % en las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos.

La declaración desató una cobertura alarmista: algunos concluyeron que Washington podría poner de rodillas a México en cuestión de días con solo cerrar la llave del gas.

El temor era infundado. La supuesta crisis obedeció a una falla técnica en un gasoducto de Texas: Tennessee Gas Pipeline, subsidiaria de Kinder Morgan, detectó problemas durante trabajos de mantenimiento y, al concluir las reparaciones, el suministro se restableció.

El episodio sí exhibió una vulnerabilidad real, pero los riesgos de depender del gas estadounidense son inseparables de los enormes beneficios económicos que México obtiene de esa relación.

Beneficios mutuos y el mito del cierre de válvulas

Gracias a su cercanía con Texas y a una extensa red de gasoductos transfronterizos, México accede a uno de los suministros de gas más abundantes y baratos del mundo. Es una ventaja que casi cualquier país envidiaría.

El gas estadounidense barato mantiene relativamente bajas las tarifas eléctricas, sostiene la competitividad de la industria manufacturera y es fundamental para la viabilidad financiera de la CFE, sobre todo con las tarifas domésticas actuales. Sin él, la electricidad costaría mucho más, en perjuicio de empresas, hogares y finanzas públicas.

La relación también beneficia a Washington, y sobre todo a Texas. Ante las presiones para reducir el elevado superávit comercial mexicano en la negociación del T-MEC, las compras de energía ayudan a moderar el desequilibrio. La energía es uno de los pocos sectores importantes en los que Estados Unidos mantiene superávit con México; sin estas importaciones, su déficit sería aún mayor.

Además, es muy improbable que Washington corte deliberadamente el suministro. Buena parte del gas de Texas, particularmente el de la Cuenca Pérmica, es gas asociado: un subproducto de la extracción de petróleo. Se extrae porque las empresas buscan crudo, no porque quieran más gas. Y ese gas tiene que encontrar un destino.

México es un mercado natural, conectado directamente con Texas por gasoductos. Las alternativas de los productores, que son el mercado interno o la exportación como gas natural licuado (GNL), enfrentan limitaciones de infraestructura. Suspender las ventas a México podría obligarlos a vender a precios muy castigados, reducir su producción petrolera o incluso quemar el excedente, con costos adicionales.

Por eso el gas sería un arma poco lógica en una confrontación comercial. Trump tiene otros instrumentos de presión, desde aranceles hasta restricciones fronterizas. Cerrar la llave perjudicaría a productores, operadores e inversionistas estadounidenses, sobre todo en Texas, clave para la industria energética y para el Partido Republicano. Y contradiría el objetivo de Washington de exportar más energía. Ambos países perderían.

Los riesgos verdaderos son otros: fallas técnicas, clima extremo y una preparación insuficiente ante interrupciones temporales. La tormenta invernal de 2021 lo demostró: causó apagones en varios estados, elevó los costos de la CFE y generó controversias internacionales por contratos de abastecimiento.

De ahí la importancia de contar con reservas suficientes. Y eso es responsabilidad de México, no de Trump.

Almacenamiento estratégico: El flanco débil de México

García reconoció que, ante una interrupción total de las importaciones, México tendría reservas para tres días como máximo. El país carece de almacenamiento estratégico relevante, pese a que la política energética de 2018 establecía que Cenagas debía contar para 2026 con un inventario de 45,000 millones de pies cúbicos, equivalentes a unos cinco días de consumo nacional.

Incluso la cifra de tres días es cuestionable: se refiere principalmente al llamado linepack, el gas contenido en los ductos, no a almacenamiento propiamente dicho.

A largo plazo preocupa también la disponibilidad de gas estadounidense. El crecimiento del consumo interno y de las exportaciones de GNL podría aumentar la competencia por el suministro, mientras la demanda mexicana seguirá creciendo. Son riesgos potenciales, no una escasez inevitable: Estados Unidos ha sabido aumentar su producción cuando la demanda lo exige, y las proyecciones de la Administración de Información Energética (EIA) contemplan un crecimiento de las exportaciones por gasoducto y de GNL.

Sheinbaum, en tanto, busca reducir la dependencia importadora con energías renovables, mayor eficiencia, el aprovechamiento del gas que hoy se quema y la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking.

Diversificar tiene sentido, pero sustituir gas estadounidense barato por producción nacional más cara podría dañar la competitividad que se pretende proteger. Y cuando el gobierno dirige la inversión energética, surgen inevitablemente dudas sobre eficiencia y rentabilidad. No resulta alentador el recuerdo de la refinería Olmeca, justificada por razones de seguridad energética, cuyo costo superó los u$s 20,000 millones frente a un presupuesto original de 8,000 millones.

En los anuncios energéticos del gobierno sigue brillando por su ausencia un programa creíble de almacenamiento estratégico de gas natural que defina con claridad el papel de la inversión privada.

México necesita más reservas, rutas alternativas y protocolos de emergencia, idealmente coordinados con Estados Unidos en un esquema de seguridad energética de América del Norte. La soberanía energética debería significar capacidad para resistir una interrupción, no producir cada molécula de gas en territorio nacional.

Los incentivos comerciales de ambos lados favorecen la continuidad, e incluso la expansión, del intercambio energético. La prioridad debería ser blindar esta relación, no reducirla por razones ideológicas.

El problema no es importar demasiado gas barato de Estados Unidos; es que, tras décadas de beneficiarnos de ese acceso privilegiado, no hemos invertido lo suficiente para protegernos frente a interrupciones ocasionales.

Y eso sí depende de nosotros.