Todos los contribuyentes, personas y empresas, pagan tasas reales de impuestos superiores a las que se encuentran escritas en las leyes. Esto sucede porque la inflación no se reconoce plenamente desde el año 2001. Fueron 25 años en los que aún siguen vigentes dos normas de la época de la Convertibilidad: las leyes 23.928 y 24.073.

Por medio de esa legislación se prohíbe actualizar los mínimos y las deducciones que se utilizan en las liquidaciones de los tributos nacionales y provinciales. El reconocimiento fue parcial, a partir del año 2018 se aflojó el cinturón del desajuste, permitiendo –entre otras cosas - la vuelta de la actualización por inflación en el impuesto a las ganancias y el envío, en el 2019, de un proyecto de ley al Congreso para la creación de la unidad de valor tributaria, que permitiría actualizar por inflación algunos conceptos. Sin embargo, ese proyecto de ley continúa durmiendo el “sueño de los justos” en el Palacio Legislativo.

Y eso no es una casualidad: algunas veces se escucha como argumento que los gobiernos no las derogan para evitar la “repotenciación de la inflación”. A ningún gobierno, de todos los que se sucedieron desde el 2001 hasta ahora, le convino derogar esas leyes, que son de “convertibilidad de la moneda” cuando en realidad esa situación no se registró en todo ese tiempo porque no existió un verdadero plan de estabilización. Por ese motivo, en el último cuarto de siglo los contribuyentes pagaron por impuestos, nacionales y provinciales, importes que no debieron abonarse.

Los ejemplos del desajuste se notan en los siguientes casos: 1) Retenciones y Percepciones del mercado interno y del comercio exterior; 2) Anticipos de impuestos; 3) Descuentos bancarios de tributos; 4) Montos exentos y mínimos no imponibles de impuestos y 5) Normas obligatorias vinculadas con obligaciones tributarias formales. Esos casos se produjeron tanto en los impuestos nacionales como en los provinciales.

Al mantenerse durante mucho tiempo congelados, los adelantos tributarios luego se descuentan en valores históricos, lo que provoca una pérdida importante del capital del crédito acumulado, producida por la inflación. Otro efecto negativo se produce al no actualizar los mínimos que habilitan aplicar el adelanto, produciéndose un efecto “aspiradora” en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Para corregir esas normas en algunos casos no se necesita de la sanción de una ley, ya que podrían actualizarse mediante resoluciones de ARCA y de las diferentes oficinas de Rentas de cada jurisdicción.

Las tasas nominales mienten, el verdadero costo tributario se encuentra dado por las atomizadas tasas efectivas que pagan los contribuyentes.
Las tasas nominales mienten, el verdadero costo tributario se encuentra dado por las atomizadas tasas efectivas que pagan los contribuyentes.

Por todo lo expresado, nadie conoce la verdadera tasa efectiva que paga por cada uno de los tributos vigentes. Las tasas nominales expresadas en las normas son solo un piso a partir del cual se comienza a tributar. Tampoco pueden definirse alícuotas uniformes para todas las empresas y las personas humanas, ya que todo dependerá del caso particular en que se sufren las retenciones, percepciones, anticipos y movimientos bancarios realizados.

1) Retenciones y percepciones: existen retenciones que realizan los clientes en el momento de abonar una factura, vinculadas con el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado e ingresos brutos. Por otro lado, hay percepciones del IVA y de ingresos brutos que se incluyen en las facturas emitidas por los proveedores de bienes y servicios. Asimismo, en los despachos de importación la Aduana percibe impuestos nacionales y provinciales y a nivel local existen retenciones de la seguridad social que se aplican por diversas actividades.

Los importes que funcionan de mínimo, que tienen que superarse para que los agentes de recaudación actúen, no se actualizan desde hace años, sin tener una fecha de origen uniforme. El incremento de algunas alícuotas producido por las categorías de cumplimiento y riesgo fiscal varía considerablemente. Por otro lado, los saldos a favor que se generan por la multiplicidad de regímenes, se descuentan a valores corrientes (sin ajuste) lo que produjo y lo sigue haciendo una pérdida del crédito acumulado. Por eso se paga más impuesto, superior al que ordenan literalmente las normas.

2) Anticipos: Las empresas deben pagar 9 anticipos mensuales y las personas 5 bimestrales, correspondientes al impuesto a las ganancias. Desde el momento que lo abonan y la fecha en que lo descuentan hay meses de tardanza. El importe mínimo a partir del cual se hacen exigibles no se actualiza por inflación. Y, como sucede con los otros adelantos, la detracción de los anticipos ingresados que se efectúa de la declaración definitiva se hace al valor histórico abonado, sin reconocimiento de la inflación transcurrida.

3) Descuentos bancarios: los descuentos bancarios que sufren los contribuyentes —de Ingresos Brutos por las acreditaciones, y del impuesto sobre los débitos y créditos por todos los movimientos bancarios— funcionan como un verdadero ejército de pirañas. Van comiendo el dinero de las cuentas con alícuotas que superan holgadamente las tasas definitivas que se tienen que abonar en el caso de Ingresos Brutos, y hasta el 5 % correspondiente al impuesto al cheque. A pesar de que el impuesto nacional pueda ser computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en diferentes porcentajes y el provincial deducido de su propio impuesto, el tiempo que transcurre para poder recuperarlo también produce una pérdida del capital del saldo a favor.

4) Mínimos y deducciones: las deducciones que se encuentran previstas para diferentes impuestos, por ejemplo en ganancias (gastos de sepelio, intereses hipotecarios, gastos y amortización de automóviles, etc.); en el IVA (alquileres, automóviles, etc.) y la prohibición de actualizar los costos anteriores al año 2018, para aplicar el impuesto a las ganancias en los costos de bienes de uso y de participaciones societarias, están expresados en valores que no se ajustan por inflación. De esa forma, como sucede con los casos anteriores, esta limitación genera un aumento del costo impositivo.

5) Normas formales: los topes que rigen para tener que cumplir con obligaciones formales, como sucede con los mil pesos de la ley 25.345 (antievasión) siguen intactos desde el momento de su creación. El ejemplo también se extiende a la ley penal tributaria que fue actualizada dentro de la de inocencia fiscal, y otros casos vinculados con regímenes de información.

En los últimos 25 años, las deducciones personales, generales y las tablas de cálculo de ganancias para personas físicas (incluidas las de relación de dependencia) se ajustaron esporádica y discrecionalmente, salvo en estos últimos años que tienen un mecanismo permanente de actualización semestral. Lo mismo sucedió, en años anteriores, con bienes personales, que ahora actualiza sus variables de cálculo automáticamente. Y así se podría continuar con otros ejemplos.

Por eso las tasas nominales mienten, el verdadero costo tributario se encuentra dado por las atomizadas tasas efectivas que pagan los contribuyentes en cada uno de los tributos.

Lo mismo hacen los informes de recaudación que emiten los diferentes organismos, comparando lo recaudado mes a mes y año a año con la inflación transcurrida. En ellos se omite transparentar todo lo que se recauda en cada tributo producto de la falta de reconocimiento de la inflación. Ese factor, junto con la inestabilidad fiscal y la distracción de la Justicia sobre este tema, constituye uno de los problemas más serios que tiene desde hace 25 años el sistema tributario argentino.