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El Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presidencial para acotar las llamadas pensiones “doradas” que reciben 6 mil 297 exburócratas, al establecer que ninguna jubilación financiada con recursos públicos podrá superar 50% del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir alrededor de MXN$ 70 mil mensuales.
Con la reforma se estima un ahorro cercano a MXN$ 5,000 millones, al limitar pensiones consideradas desproporcionadas dentro del sistema de jubilaciones del sector público.
Morena defiende reforma para ordenar el sistema de pensiones
Durante la discusión, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina afirmó que la reforma busca ordenar el sistema de pensiones financiadas con recursos públicos y evitar beneficios excesivos.
“Estamos convencidos que cuando se trata de defender el interés público y de fortalecer la justicia en el uso de los recursos de la Nación, este Senado demuestra que está a la altura del pueblo de México”, sostuvo.
El legislador explicó que la iniciativa no busca eliminar pensiones, sino evitar montos desproporcionados.
“No se trata de eliminar pensiones, se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno. Simple y llanamente buscamos evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas, financiadas con recursos que pertenecen al pueblo de México”, afirmó.
En el mismo sentido, el senador morenista Saúl Monreal aseguró que la reforma elimina “de tajo el sistema de privilegios” que caracterizó a gobiernos anteriores.
Oposición cuestiona exclusiones en la reforma
Legisladores de oposición cuestionaron que la reforma no incluya a las Fuerzas Armadas ni al Poder Judicial dentro de las restricciones.
El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio criticó que el nuevo límite no aplique a militares.
“Tenemos un problema con la excepción a las Fuerzas Armadas, porque esta reforma aplica para los trabajadores paraestatales de la administración y no para los militares”, señaló.
Colosio también cuestionó el argumento de que los derechos de seguridad social de las Fuerzas Armadas están protegidos constitucionalmente.
“Si la razón vale para unos, ¿por qué no se hace valer para todos? Como lo dije en la comisión: o todos coludos o todos rabones”, expresó.
Desde el PAN, el senador Francisco Ramírez Acuña sostuvo que el recorte a pensiones debía ampliarse a todos los organismos públicos, incluidas instituciones autónomas, universidades públicas y las propias Fuerzas Armadas.
“Este tipo de abusos no sólo debe alcanzar a quienes va dirigido, sino a todos los organismos públicos e instituciones autónomas cuyos mandos aprovecharon estas condiciones para otorgarse discrecionalmente beneficios indebidos”, afirmó.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano acusó que la reforma dejó fuera a actores clave del sector público por razones políticas.
“¿Por qué no están aquí los ministros de la Corte? ¿Por qué no están aquí la administración centralizada? ¿Por qué no están aquí los sindicatos? Porque hay un cálculo electoral y político”, sostuvo.
La legisladora también señaló que la reforma no afecta las pensiones de exministros de la Suprema Corte como Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, quienes actualmente ocupan cargos públicos y reciben ingresos adicionales.
Pensiones públicas también presionan finanzas de empresas del Estado
El debate sobre el costo de las pensiones públicas ocurre en un contexto en el que diversas entidades del Estado mantienen compromisos laborales relevantes.
Por ejemplo, la reserva de Petróleos Mexicanos (Pemex) destinada a cubrir pensiones, jubilaciones y otras prestaciones laborales aumentó 19.3% anual al cierre de 2025, al pasar de MXN$ 1,232 millones en diciembre de 2024 a MXN$ 1,470 millones, de acuerdo con su reporte financiero al cuarto trimestre.
El incremento representó MXN$ 238 millones adicionales en las obligaciones que la empresa reconoce para cubrir los beneficios de sus trabajadores actuales y retirados.
Estas reservas corresponden al rubro de beneficios a empleados, que incluye pensiones, jubilaciones, servicios médicos y otras prestaciones laborales de largo plazo que la empresa deberá cubrir en los próximos años.
Debido a que Pemex es una empresa productiva del Estado, este tipo de obligaciones es relevante para sus finanzas, ya que refleja compromisos laborales que deberán pagarse en el futuro y que forman parte de los pasivos asociados a su plantilla de trabajadores y jubilados.
