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En el año 2026, Telmex enfrenta un significativo revés judicial que afecta directamente a Carlos Slim, el magnate propietario del conglomerado al que pertenece esta empresa de telecomunicaciones, en el contexto de un debate sobre el uso del espacio público y las obligaciones históricas.
La resolución judicial reafirma una cláusula del título de concesión que impone a Telmex la obligación de mantener operativas las casetas telefónicas, a pesar de que la mayoría de ellas se encuentra en desuso. Este fallo, por el momento, detiene cualquier intento de retiro unilateral en la Ciudad de México, provocando así las reacciones de Carlos Slim.
La concesión que sujeta a Telmex desde 1990
La base legal del conflicto radica en una modificación al título de concesión de Telmex que fue firmada en agosto de 1990.
La empresa argumenta que numerosas cabinas telefónicas permanecen en la vía pública no por una decisión comercial, sino debido a una exigencia regulatoria. En diversas ocasiones, los directivos han indicado que la norma no les permite disminuir el número de estas instalaciones sin la autorización expresa del regulador.
De acuerdo con diversas fuentes, en dicho documento se establece la obligación de instalar y mantener casetas públicas, una condición que continúa vigente a pesar de los avances tecnológicos; lo que suscita un debate paralelo: ¿son realmente útiles y necesarias las casetas públicas?
La solicitud de Slim y la respuesta oficial
Carlos Slim ha manifestado de manera pública que Telmex ha estado solicitando durante varios años la autorización para retirar teléfonos que ya no se producen ni cuentan con soporte técnico. En diversas conferencias, el empresario ha indicado que la compañía mantiene una cantidad considerable de dispositivos debido a imposiciones legales.
“Hemos solicitado durante años al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que nos permitan retirar los teléfonos públicos que ya no se fabrican y actualmente tenemos 500 mil teléfonos distribuidos por todo el país. No hemos recibido autorización para reducir esta cantidad”, afirmó Slim en una conferencia de prensa a principios de 2025.
No obstante, con la disolución del IFT y la transferencia de funciones a nuevas autoridades, el Congreso de la Ciudad de México ha avanzado en un esquema en el que el retiro de estos dispositivos será coordinado por el Estado. Esta decisión judicial refuerza la imposibilidad de que Telmex actúe de manera independiente en este asunto.
