

La privacidad digital de millones de mexicanos podría estar en riesgo con la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
El proyecto legislativo, actualmente en pausa tras una ola de críticas, pretende obligar a gigantes tecnológicos como Netflix, Uber y Amazon, así como a operadoras telefónicas, a entregar información confidencial de sus usuarios a autoridades gubernamentales.
Con plazos de cumplimiento ajustados y multas millonarias por incumplimiento, esta iniciativa replantea los límites entre seguridad nacional y derechos digitales en México.

Compartir datos bajo amenaza de multas millonarias
La reforma propuesta obligaría a empresas como Telcel, Netflix, Uber y Amazon a proporcionar información detallada de sus usuarios cuando sea requerida por autoridades de procuración de justicia.
Las compañías tendrían un plazo máximo de 24 horas para entregar los datos solicitados y, en caso de incumplimiento, enfrentarían sanciones económicas de hasta el 4% de sus ingresos anuales.
El artículo 160 establece que estas empresas deberán mantener registros detallados de todas las comunicaciones realizadas desde cualquier dispositivo, incluyendo nombre, razón social y domicilio del propietario. Adicionalmente, los usuarios de telefonía prepago deberán registrar sus datos personales para activar sus líneas.

Un vacío en la protección de derechos digitales
La propuesta presenta importantes vacíos que amenazan los derechos digitales de millones de mexicanos. El proyecto no especifica claramente los controles judiciales que regularán el acceso a la información por parte de las autoridades, ni menciona si los usuarios serán notificados cuando sus datos sean utilizados en investigaciones.
Estas omisiones, sumadas a la inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), generaron serias preocupaciones sobre posibles abusos y filtraciones de información sensible, creando un vacío crítico en la defensa de los derechos digitales.
La reforma en pausa: diálogo abierto tras el rechazo ciudadano
Tras enfrentar un rechazo masivo, la Mesa Directiva del Senado retiró el dictamen de la orden del día el pasado 28 de abril, cuando se perfilaba para ser aprobado.
Esta pausa obedece a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien invitó al Congreso de la Unión a abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas.
En esta mesa participarán representantes de los concesionarios de medios de comunicación junto a senadores que conforman las comisiones relacionadas.
Se anticipa la eliminación del controvertido artículo 109 sobre redes sociales, criticado por permitir una posible censura estatal. Es probable que se convoque a un periodo extraordinario en mayo para discutir los cambios, ya que el periodo ordinario de sesiones concluyó el 30 de abril.




