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Carlos Slim concretó un nuevo movimiento estratégico en el mercado internacional. Mediante Aqualia, compañía especializada en la gestión del agua y filial de FCC Construcción —grupo en el que el empresario es accionista mayoritario—, obtuvo la adjudicación para la operación de una planta potabilizadora en la prefectura de Aichi, Japón.
El proyecto, valuado en más de 300 millones de dólares, contempla la modernización integral de una instalación construida en 1967, que será transformada en una planta de última generación con capacidad para procesar 80.000 metros cúbicos de agua potable por día.
Un llamado contradictorio: invertir en México mientras conquista Asia
La paradoja temporal no pasó desapercibida. Apenas dos semanas antes de cerrar este contrato en Japón, Carlos Slim hizo un llamado público a empresarios mexicanos para elevar la inversión privada hasta un 25% del PIB nacional.
El mensaje buscaba impulsar el crecimiento económico del país, pero la coincidencia con su expansión asiática generó lecturas encontradas sobre dónde prioriza realmente sus recursos.
El empresario mantiene una estrategia de diversificación global que no necesariamente contradice su discurso. Tiene inversiones activas en múltiples geografías, y su participación en el mercado japonés data desde 2019 cuando ingresó al accionariado de Miniso. La diferencia es que ahora salta del comercio minorista a la infraestructura crítica, un sector con mayor complejidad técnica y regulatoria.
¿Y en México qué?
La pregunta surge naturalmente: si Carlos Slim puede operar infraestructura hídrica en Japón, ¿por qué no replicar el modelo en México? La respuesta tiene varias capas. Primero, el marco regulatorio de México presenta complejidades distintas.
El agua es un bien nacional y su gestión involucra tres niveles de gobierno con competencias fragmentadas. Segundo, la sensibilidad política alrededor de la privatización de servicios básicos en México es considerablemente mayor que en otras latitudes.
Sin embargo, el empresario ya tiene experiencia en el sector a través de diversas inversiones. La diferencia es que en Japón opera bajo un contrato transparente con supervisión estatal clara.
En México, implementar un esquema similar requeriría voluntad política y un diseño institucional que garantice acceso universal sin comprometer la rentabilidad privada. La adjudicación en Toyohashi demuestra que el empresario tiene la capacidad técnica y financiera. La pregunta es si existe el entorno propicio para replicarlo localmente.
