

El gobierno de Estados Unidos ha retirado la visa a un mínimo de 50 figuras políticas y servidores públicos mexicanos, una acción que, según fuentes diplomáticas, intensifica la táctica de presión del presidente Donald Trump frente a los cárteles de la droga y sus supuestos lazos con el ámbito político en México.
Según un informe difundido por la agencia Reuters, estas revocaciones se han ejecutado en las semanas recientes e incluyen a miembros del partido en el poder, Morena, así como a funcionarios afiliados a otras agrupaciones políticas.
Aunque únicamente cuatro políticos han admitido públicamente la cancelación de su visa-entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien desmintió categóricamente cualquier conexión con el crimen organizado-, esto sugiere que el alcance de la medida es mayor al previamente conocido.
Donald Trump refuerza la presión contra México y revoca visas
Tony Wayne, exembajador de EE. UU. en México, comentó que "la administración Trump está ideando nuevas maneras de aumentar la presión sobre México", destacando que utilizar la política de visas con tal envergadura como instrumento diplomático constituye un hecho inédito.

Las anulaciones se sitúan en el contexto de la campaña de Washington contra las organizaciones criminales mexicanas y sus presuntos contactos políticos, en un clima de tensión bilateral por asuntos de seguridad y colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
Por qué Trump revocó visas de políticos mexicanos
Fuentes dentro del gobierno estadounidense explicaron a la agencia que la revocación de una visa no exige justificación pública y puede llevarse a cabo en cualquier momento por razones de "seguridad nacional" o por "actividades perjudiciales para los intereses de Estados Unidos", como narcotráfico, corrupción o espionaje.
Adicionalmente, Reuters reportó que un alto cargo del Departamento de Estado, cuya identidad se mantuvo en reserva, ratificó que las visas "son susceptibles de ser revocadas en cualquier instante", añadiendo que esta medida es parte de los esfuerzos por "salvaguardar los intereses nacionales" ante el crecimiento de la influencia del crimen organizado en la zona.



