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El panorama del alquiler de viviendas está por cambiar radicalmente. Una nueva propuesta legislativa busca revolucionar la forma en que arrendadores e inquilinos se relacionan, priorizando la mediación sobre los tribunales y la formalización sobre la informalidad.
La iniciativa surge como respuesta a una realidad preocupante: más de la mitad de quienes rentan lo hacen sin ningún tipo de contrato, dejándolos expuestos a abusos y conflictos que terminan en costosos juicios.
El mercado del alquiler está roto: más de la mitad arrienda sin contrato
La situación actual del arrendamiento habitacional refleja un sistema en crisis. Aproximadamente el 30% de las familias accede a una vivienda mediante alquiler, pero más del 50% de estos contratos son informales o simplemente no existen.
Esta falta de respaldo legal genera un círculo vicioso: inquilinos sin protección ante desalojos arbitrarios, propietarios sin garantías frente a incumplimientos, y una escalada de precios alimentada por la desconfianza mutua.
De hecho, los conflictos por arrendamiento saturaron los tribunales durante años, representando hasta el 40% de los casos civiles en algunas épocas. Las disputas se prolongan durante meses o incluso años, con costos que rondan los 28,000 pesos por juicio, una cifra inalcanzable para muchas familias de clase media y trabajadora. Mientras tanto, algunos propietarios prefieren mantener sus inmuebles vacíos antes que enfrentar la posibilidad de un conflicto judicial interminable.
Mediación obligatoria y contratos modelo: estos serían los cambios para inquilinos y propietarios
La propuesta de “Ley Renta Segura” introduce mecanismos que podrían cambiar el juego por completo. Su principal modificación consiste en incorporar cláusulas de mediación y conciliación obligatorias en todos los contratos de arrendamiento, obligando a las partes a buscar soluciones dialogadas antes de acudir a los tribunales.
Esta estrategia preventiva ya demostró su efectividad: los casos de arrendamiento en disputa judicial se redujeron del 40% al 20% cuando se implementaron convenios preventivos.
Además, se creará un Contrato Modelo de Arrendamiento Habitacional validado oficialmente, diseñado para proteger los derechos de ambas partes de manera equilibrada.
Este documento estandarizado eliminará las cláusulas abusivas que actualmente caracterizan muchos acuerdos informales y establecerá con claridad las obligaciones y derechos de cada parte.
La diferencia en costos es notable: resolver un conflicto mediante mediación cuesta apenas 2,600 pesos, casi 11 veces menos que un juicio tradicional.
Otro elemento revolucionario de la iniciativa es la creación de un registro estatal de contratos formalizados, vinculado con el Registro de Vivienda. Este sistema permitirá monitorear el mercado de alquileres, identificar prácticas abusivas y generar estadísticas confiables sobre un sector que hoy opera mayormente en las sombras. Para los inquilinos, significará mayor protección y acceso a información sobre sus derechos; para los propietarios, la posibilidad de verificar antecedentes y reducir riesgos.
