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Después de diez meses de consultas con expertos, el Senado de México presentó una propuesta de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, la primera en su tipo en el país.
La iniciativa clasifica las infracciones en tres niveles —leves, graves y gravísimas— y apunta directamente a prácticas que hasta ahora operan en un vacío legal: desde la generación de deepfakes de contenido sexual sin consentimiento hasta la manipulación de procesos electorales mediante sistemas automatizados.
Cuáles serán las conductas consideradas gravísimas del uso de la IA en México y estarán prohibidas
Entre las conductas consideradas gravísimas, la propuesta prohíbe explícitamente el uso de IA para manipulación cognitiva, política o electoral con fines contrarios a los principios democráticos, así como la operación de sistemas autónomos capaces de causar daño grave a las personas y el desarrollo de herramientas diseñadas principalmente para el fraude, la extorsión o la suplantación de identidad.
Las sanciones pueden escalar desde una amonestación pública hasta la clausura definitiva de plataformas o servicios, pasando por multas y suspensiones temporales o permanentes.
La violencia digital con perspectiva de género ocupa un capítulo central en la propuesta. La ley considera prácticas prohibidas aquellas que, de forma intencional o como resultado previsible de su diseño, causen daño grave a mujeres o niñas.
Entre ellas se incluyen:
- la generación o difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento
- la manipulación de imágenes o audios para acosar o extorsionar a una mujer
- la automatización de campañas de odio basadas en género
- el diseño de sistemas destinados a facilitar el ciberacoso o la persecución digital.
¿Qué son los neuroderechos y por qué los incluye la nueva ley contra la Inteligencia Artificial?
Uno de los elementos más novedosos de la iniciativa es la incorporación del concepto de “neuroderechos”, un término ausente hasta ahora en cualquier legislación mexicana pero ya reconocido en otros países. La propuesta los define como los derechos destinados a proteger la identidad personal, la privacidad mental, la integridad cognitiva y la libertad de pensamiento frente a sistemas de IA o neurotecnologías que puedan interferir en los procesos mentales de las personas. Su inclusión en el texto legal marcaría un precedente en América Latina.
Para hacer cumplir esta ley, la propuesta contempla la creación de una Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la política nacional en la materia, emitir certificaciones, aplicar sanciones y publicar informes anuales sobre riesgos emergentes.
Esta autoridad integrará además un Consejo Consultivo Nacional con participación de los sectores público, privado, académico y social, y un Observatorio Nacional de Igualdad Algorítmica para detectar sesgos que afecten a mujeres y grupos vulnerables. También se crea un Fondo Nacional para el Desarrollo de la IA y una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como brazo técnico y operativo del gobierno federal.
México impulsa el desarrollo responsable de la IA
La iniciativa no se limita a prohibir y sancionar: también plantea un esquema de incentivos para impulsar el desarrollo responsable de la IA en el país. Se proponen estímulos fiscales, deducciones, créditos y fondos de garantía para proyectos que promuevan la innovación y la soberanía científica nacional, con énfasis en la participación de emprendedores, startups y talento joven. Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán programas específicos de acompañamiento para adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial de forma competitiva y ética.
En materia educativa, la propuesta establece que las escuelas deberán incorporar en sus contenidos temas de derechos humanos, neuroderechos, ciberseguridad y gobernanza digital. Al mismo tiempo, todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal quedarían obligadas a capacitar a sus servidores públicos en el uso ético de sistemas de IA.
